Todo es opinable

La Ley cuando nos convenga. Así  parece pensar quien ante situaciones que no le son favorables a sus intereses reaccionan ante la opinión pública con un descrédito expreso frente a los designios del ordenamiento jurídico o de los tribunales de justicia, evocando una especie de huelga de brazos caídos o haciendo oídos sordos frente a la ley de aplicación.

Encontramos varios ejemplos en la actualidad que así pudieran ser interpretados: gobernantes autonómicos que ante decisiones del Estado reaccionan excluyéndose unilateralmente de las instituciones,  propuestas de referéndum forzando la Constitución, procesos judiciales de los que nadie saca conclusiones de futuro ni ejemplarizantes…  Son muestras patentes del proceso de debilitamiento de la percepción que se tiene del mandato de la ley, que parece imponerse por la vía de los hechos.

Ello revela un proceso nada casual, basado en una percepción distorsionada y secundaria del ordenamiento jurídico por parte de algunos. Se trata desde algunos ámbitos a la ley como algo opinable según convenga, interpretable según los intereses, utilitarismo según quien lidere o lleve la bandera. Y frente a esta situación, el ciudadano queda perplejo, preso de un sentimiento de conformidad que nos dificulta distinguir dónde está el freno o el límite a la voracidad de los que viven en continua protesta y contradicción permanente frente al orden jurídico establecido.

Sin duda este proceso es peligroso y alarmante, ya que trata de vulgarizar la institución de la ley (y en consecuencia de los tribunales de justicia) para residenciar su legitimidad  en debates de conveniencia, y en la zona de confort donde todo es opinable. Además, nos hace percibir una lejanía muy intensa entre ciudadano y seguridad jurídica. Y ello a pesar de que vivimos una época de máxima producción legislativa.

Regeneración

En último término este proceso evoca la necesidad de una regeneración de nuestra cultura de percepción de la ley, como mandato de obligaciones y derechos que regula nuestra convivencia y establece el ámbito jurídico que no se puede traspasar. Digo bien, no sólo derechos sino también obligaciones.

Esta regeneración debe comenzar por recalcar con mayor intensidad la importancia que tiene en la vida del ciudadano la convicción plena en las instituciones y en el  ordenamiento jurídico vigente, y el hecho incuestionable de que la defensa de nuestros valores solo encuentran simetría dentro del orden jurídico establecido; con todos los matices que se quiera, pero sin perder su consideración de mínimo común denominador. Si perdemos esta óptica corremos el riesgo de convertirnos en sociedades presa fácil y objetivo del populismo, y estaremos alentando un futuro que no será tan obvio como pensamos.

Es momento por tanto de luchar contra algunos síntomas de decadencia en el papel del Derecho como regulador de la vida del ciudadano y como control del poder político. Y para ello es fundamental generar de nuevo la convicción (en nuestros jóvenes especialmente) que nuestro ordenamiento jurídico es uno de los más perfectos y modernos del mundo y como tal  tiene mecanismos solventes para luchar contra los que traten de atacarlo.

Este mensaje, sin embargo, no se puede propagar solo,  necesita lo que los especialistas denominan estrategia ejemplarizante. Esto es, una conducta activa por parte de la sociedad civil. Para ello es fundamental que los profesores universitarios, abogados, notarios, jueces, y poderes públicos en general abanderemos con decisión su difusión.

Esta situación que expongo se hace especialmente delicada y preocupante en la contratación pública, esto es,  en la percepción que la ciudadanía tiene de aquéllas reglas jurídicas que se aplican para la adjudicación de contratos por la administración pública.  Como todo el mundo sabe,  en estos momentos se observan casos de verdadera atrofia de los mecanismos legales de adjudicación de contratos públicos que suponen la utilización de la contratación pública para fines particulares, y que suponen  un fraude a la legalidad vigente.

Ello está haciendo un daño terrible a la credibilidad de los mecanismos tradicionales de adjudicación de contratos por la administración pública, y sin duda, traerá un efecto desalentador en la percepción por los ciudadanos de las instituciones adjudicadoras, además de influir negativamente en la  inversión pública y en la atracción de inversiones desde otros países. Todo ello ocurre a pesar de que nuestro país tiene una regulación de contratación pública muy madura, técnicamente óptima y  con una legislación de aplicación muy consolidada. Sin embargo, vemos que algo falla en la convicción general de las reglas de juego.

En suma, hay que comenzar un nuevo camino de regeneración y revitalización de la fuerza y legitimidad del ordenamiento jurídico, con mucho sentido pedagógico. En éste contexto tenemos mucho que aportar los distintos profesionales del derecho, los empresarios y las instituciones públicas afectadas.

Las leyes son vinculantes

Debemos reforzar la mentalidad de las generaciones futuras para que entiendan la ley no solo como un mecanismo formal de la seguridad jurídica, sino como un instrumento de convicción del deber cumplido en sus destinatarios. Sólo así quedará patente de forma clara el incumplidor. Es precisamente esta convicción la que tratan de destruir o mermar los que pretenden despojar al ordenamiento jurídico de su carácter de valor fundamental de nuestra convivencia, y del tráfico económico.

Habría que reiterar más a menudo que las leyes son vinculantes entre otras cosas porque aglutinan un sistema creíble de valores de nuestra sociedad.  Y precisamente ahora, su debilitamiento en la percepción pública es un indicador de que nuestra sociedad necesitaría probablemente un nuevo humanismo que viniera a restaurarla, especialmente  en lo concerniente a la contratación pública. Sólo reconociendo que tenemos un problema podremos comenzar a solucionarlo.

Autor

Francisco J. Fernandez

Doctor en Derecho y abogado en ejercicio, Francisco J. Fernández es profesor de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía y de la Universidad de Sevilla. Imparte también clases en diversas escuelas de negocio sobre contratación y estrategia empresarial, además de tener dilatada experiencia en puestos directivos en empresas y en la Administración Pública.

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