Respuesta de Occidente al terrorismo transnacional

Todos los países occidentales han respondido de una manera u otra al fenómeno del terrorismo transnacional endureciendo su ordenamiento jurídico. Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 se han desarrollado varias versiones particulares de cómo enfrentarse a la amenaza, aunque todas ellas reconducibles a unos mismos principios, parámetros, pautas y condiciones impuestos por el paradigma de la prevención.

Pues el fundamento de la vuelta a la tensión originaria entre la libertad y la seguridad, y del ensalzamiento de esta última en el arranque del siglo XXI, se halla en el miedo que el terrorismo transnacional genera. Desde su manifestación más severa esta clase de terrorismo ha marcado en la esfera nacional, supranacional y mundial, las inquietudes sociales, las agendas políticas y la normativa estatal.

La respuesta a los atentados terroristas

Desde un punto de vista sociológico, los ataques constituyen una constante renovación de la  amenaza para las  (antes sólidas) estructuras de pensamiento de las sociedades occidentales.

Ciertamente, el fenómeno del terrorismo no suponía una amenaza desconocida en muchos países, pero los atentados del 11-S pusieron de relieve el nacimiento de una modalidad de violencia, cimentada lógicamente sobre elementos sustancialmente análogos a otras manifestaciones específicas de terrorismo, pero que se distingue por sus objetivos y dimensiones, el denominado terrorismo internacional o transnacional.

Estos atentados y los que desde entonces sufre Occidente, en definitiva, provocaron y siguen generando una sensación de alarma e inseguridad nacional,  que incrementó la aspiración y la exigencia de una seguridad total e incondicionada por quienes conviven en las sociedades  actuales.

En el plano político, los atentados terroristas  causan  la demanda de una mayor concentración de todos los esfuerzos en la materialización de la seguridad como un fin en sí mismo. Esto impulsa a las opciones políticas que abogan decididamente por la búsqueda de la seguridad frente a la amenaza terrorista y obliga a la incorporación en sus discursos del factor del riesgo como un rasgo característico de la sociedad. Sirve como ejemplo, la presencia de este discurso en casi todas las campañas electorales de Europa y Estados Unidos.

En el plano jurídico, la rápida reacción de la política  a las expectativas públicas de que el Estado satisfaga la promesa de seguridad, se manifiestan en una cierta disposición a normar en contra de la libertad. La sensación de vulnerabilidad hace que los Estados aprueben nuevas normas que despliegan un catálogo de medidas destinadas a implementar la prevención, detección y represión de  la actividad terrorista.

No obstante, esta corriente de sacrificar libertad a cambio de seguridad no ha sido ni es cosa del presente, sino que ha cohabitado en los ordenamientos jurídicos como modalidad de aplicación de las normas constitucionales. Esta modalidad se identifica con los estados de excepción, previstos en determinadas Constituciones, entre ellas, nuestra Carta Magna.

Sin embargo, en determinados países de nuestra cultura jurídica, principalmente anglosajones, que comparten la garantía de los derechos fundamentales en el marco de convivencia regido por los principios inherentes al Estado de Derecho, las medidas de lucha contra el terrorismo  fueron  adoptadas fuera del cauce de los estados de excepción previstas en algunas Constituciones.

Ello ha dado lugar a la proliferación de medidas bajo condiciones específicas de tiempos de tensión, situación  distinta a la de normalidad constitucional o a la de crisis propia de los estados de excepción, en el que la vida del Estado se incardina en un contexto de prolongada alarma y peligro inconcreto, pero susceptible de  concreción en cualquier momento.

En tal situación, los principios organizativos de la Constitución no se ven alterados, así como  tampoco se ve amenazada la vida de la nación, debido a que los peligros son notablemente menos inminentes e intensos que los concurrentes en una situación de crisis. Sin embargo, fundamenta severas restricciones de derechos, incluso en un grado mayor que el que declaran las medidas bajo la vigencia de los estados de excepción, sin que concurran los supuestos que justifican la declaración de aquéllos, y en consecuencia, con tendencia a consolidarse en el tiempo.

Endurecimiento de la legislación antiterrorista

En este contexto de conmoción, los estados, o bien, endurecieron su legislación antiterrorista preexistente, o bien, aprobaron novedosos conjuntos normativos que, bajo el título de leyes antiterroristas, englobaban  toda una serie de modificaciones legales de sectores muy diversos del Ordenamiento.

La respuesta normativa de Francia a los ataques de enero de 2015 se incardinó en la primera de las opciones expresadas, un endurecimiento de la legislación antiterrorista. En cambio, y en paralelo a la popular reforma penal, inició un proceso de empoderamiento jurídico de los servicios de de inteligencia gubernamentales, lo que conllevó entre otras consecuencias que los servicios de inteligencia puedan interceptar todo tipo de comunicaciones sin control judicial previo.

A raíz de los atentados del pasado noviembre en París, se activó la suspensión de derechos general, se declaró el estado de excepción, prorrogado recientemente tras la masacre de Niza. Se podría discutir desde un punto de vista jurídico si es una medida adecuada y proporcional  o si se dan los presupuestos habilitantes para la declaración de tal situación de anormalidad constitucional, pero de lo que no cabe la menor duda es  de que la reacción de Francia se lleva a cabo dentro del marco constitucional preestablecido.

Ahora bien, el límite real a esa política antiterrorista lo constituye la normalización y generalización de la excepción, con independencia de que tal política se incorporé a la Constitución como se ha propuesto en Francia.

Por ello, las respuestas legales contra el terror se demuestran insuficientes con cada nuevo golpe y son tendencialmente mejorables y, por ende, quizá inagotables o, al menos, de consecuencias imborrables. El contrapeso frente a la ola de atentados que ha sufrido Francia lo debe aportar la Unión, Europa debe reflexionar sobre nuestro nivel de seguridad partiendo de lo que nos une, la Libertad.

Autor

Manuel Novo

Profesor Doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Loyola Andalucía. Especialista en medidas contraterroristas

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