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Análisis de qué es el Compliance Penal.

¿Qué es el Compliance Penal?

La Universidad Loyola Andalucía incorpora al plan de estudios una asignatura específica sobre Compliance Penal y Seguridad Internacional.

La criminalidad de empresa es un fenómeno cuya complejidad resulta constatable. El comercio internacional, los flujos económicos transnacionales, los complicados organigramas empresariales, la estratificación de funciones y los principios que rigen las propias actividades productivas de las empresas constituyen para la Criminología y el Derecho Penal un auténtico reto.

Una de las vías para afrontar este tipo de crimen corporativo y fomentar una cultura del cumplimiento normativo entre las empresas, asociaciones o fundaciones ha sido el desarrollo jurídico-penal de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Es decir, además del castigo previsto para el individuo o individuos (personas físicas) de la organización que haya/n delinquido, se contempla la condena penal a la propia persona jurídica como medio más eficaz para prevenir y luchar contra los delitos asociados a la actividad económica y empresarial.

Puede afirmarse que la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica conforma un acontecimiento imparable y de extraordinaria importancia -como lo pone de manifiesto el hecho de que, durante los últimos años, esta institución de origen anglosajón se haya implantado en numerosos países, entre ellos, España-.

El Código Penal español acoge un amplio catálogo de delitos -que pueden ser cometidos tanto por empleados, como por administradores y directivos- para los que está prevista la responsabilidad penal de la propia persona jurídica. En consecuencia, al margen del castigo previsto para la/s persona/s físicas de la organización que haya/n desarrollado el comportamiento delictivo, las penas de posible imposición a la empresa, asociación o fundación se califican como graves y son las siguientes:

  • Multa por cuotas o proporcional (según el caso, puede llegar a los nueve millones de euros o alcanzar el quíntuple del valor del beneficio obtenido por el delito, perjuicio causado, etc.)
  • Disolución de la persona jurídica.
  • Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años
  • Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  • Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
  • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

Como puede deducirse, en los casos de condena a la persona jurídica el perjuicio producido y el daño reputacional causado a la organización son más que notorios y, en muchos supuestos, puede causarse un daño irreversible para la corporación. Pero, es más, aunque la propia persona jurídica no resulte finalmente condenada, el hecho de verse inmersa en un proceso judicial genera un claro menoscabo de su imagen.

Para tratar de prevenir y afrontar estos riesgos, el Código contempla un instrumento que posibilita la liberación de responsabilidad penal de la persona jurídica, el Compliance Penal. Sin duda, se trata de instrumento de extraordinario valor para las empresas, asociaciones y fundaciones.

El Compliance Penal

El Compliance Penal puede concebirse como un conjunto de normas, procedimientos y mecanismos de control tendentes a garantizar el firme cumplimiento de la legalidad en el seno de la organización, identificando riesgos corporativos, regulando aspectos la gestión diaria empresarial y las conductas de los individuos que componen la organización, pero cuyo objetivo directo e inmediato es prevenir, detectar y reaccionar ante la comisión de delitos o el acaecimiento de riesgos e incumplimientos de posible trascendencia penal.

Además, el Compliance Penal profundiza en la aplicación de modelos de gestión empresarial alineados con los principios de buen gobierno, transparencia y responsabilidad social corporativa.

No obstante, para eximir o, según el caso, atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica no resulta válida la mera adopción de cualquier Compliance. Junto a otras circunstancias que han de concurrir, el Código Penal contempla una serie de exigencias y requisitos que ha satisfacer un Compliance para que pueda ser considerado eficaz y, por tanto, se posibilite la exoneración de responsabilidad penal a la persona jurídica; ahí es donde entra en juego el Compliance Officer u Órgano con la Función de Compliance.

compliance penal

El Compliance Officer

El órgano que detenta la función de compliance o compliance officer ha adquirido un papel protagonista en el contexto de la actividad empresarial y el tratamiento de la responsabilidad penal corporativa. De hecho, tras la reforma del Código operada por L.O. 1/2015 es, después del administrador, el órgano más relevante vinculado con el control de riesgos de trascendencia penal, con el propio Compliance Penal y con los requisitos para poder liberar de responsabilidad penal a la persona jurídica.

El Código Penal señala unas exigencias mínimas dirigidas a considerar esta figura como «válida» a la hora del examen de las exigencias necesarias para liberar de responsabilidad penal a la persona jurídica. A tal fin, concreta unas condiciones orgánicas del compliance officer en su artículo 31 bis 2. 2; en esencia, debe ser un órgano que goce de autoridad y que tenga poderes autónomos de iniciativa y control en la organización.

Salvo la función de ser el encargado de recibir las denuncias internas y la consecuente intervención en las investigaciones corporativas, las tareas encomendadas al compliance officer no se encuentran desglosadas en el Código. Por lo tanto, se suelen concretar en el marco contractual y en el propio Compliance Penal.

En cualquier caso, el compliance officer detenta atribuciones directamente relacionadas con vigilar que, en el seno de la persona jurídica, se cumplan las previsiones del Compliance. Igualmente es frecuente la asignación de la monitorización de los riesgos según los parámetros acordados por el órgano de administración.

El jurista experto en Derecho Penal es un extraordinario candidato para ejercer como compliance officer. Por su formación, se encuentra habituado a tratar cuestiones relacionadas con el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas (por ejemplo, los elementos necesarios para la atribución de responsabilidad al ente; los presupuestos para liberar de responsabilidad penal a la persona jurídica; las circunstancias modificativas de la persona jurídica; la penología para este tipo de organizaciones, etc.).

Sin embargo, debe afirmarse que el perfil de criminólogo resulta ideal para ocupar puestos de compliance officer, director de cumplimiento o como personal experto que componga el órgano colegiado de cumplimiento de la organización. Su conocimiento sobre teorías sociológicas, psicología, análisis de riesgos y, de modo muy particular, respecto a la prevención y tratamiento de la delincuencia dotan a este profesional de una amplitud analítica excelente para desempeñar la tarea de una manera efectiva.

Igualmente, el criminólogo puede prestar servicios concretos de análisis de riesgos corporativos (una de las exigencias específicas que ha de satisfacer todo Compliance Penal), participar en el proceso de elaboración del Compliance o intervenir como experto de parte en procesos judiciales donde se dilucide la responsabilidad penal de la persona jurídica.

En cualquier caso, todo lo que conlleva el Compliance Penal ha supuesto una verdadera revolución en el tratamiento del riesgo y prevención del delito corporativo, volviéndose una materia imprescindible para todos aquellos que deseen desarrollar su actividad profesional en el seno de una organización.

Autor

Rafael Aguilera Gordillo

Rafael Aguilera Gordillo, profesor de Compliance Penal y Seguridad Internacional en la Universidad Loyola Andalucía. Doctor en Derecho, compliance officer certificado y abogado ejerciente -experto en Penal y Compliance. Actualmente, es el coordinador responsable del Departamento de Compliance & Penal Corporativo de Cerero Abogados.

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