Sobre la constitucionalidad de los Impuestos Medioambientales

La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales de sostenibilidad energética, tuvo por objetivo armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad, en línea con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética, y ambiental de la Unión Europea.

Para ello, y entre otras medidas, se crearon tres nuevos impuestos:

  1. Impuesto sobre la producción del combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica,
  2. Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas e
  3. Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.

Desde el principio los contribuyentes vieron indicios de inconstitucionalidad en la norma reguladora de estos impuestos y también, con los antecedentes del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (céntimo sanitario), la posibilidad de que la norma fuese incompatible al Derecho de la Unión Europea.

La posible inconstitucionalidad venía de la mano de la transgresión de tales figuras impositivas del artículo 31 de la CE, en las parcelas concretas de su carácter confiscatorio, su no generalidad y no respetar tampoco el principio de capacidad económica.

La presunta incompatibilidad con el Derecho de la UE hacía referencia a su deficiente encaje con la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, fundamentalmente en lo relacionado con ser o no gravámenes indirectos con fines específicos sobre productos sujetos a impuestos especiales.

Distintos recursos llegaron hasta la jurisdicción del Tribunal Supremo y la Sala de lo Contencioso Administrativo planteó, en línea con lo expuesto, distintas cuestiones de inconstitucionalidad ante el Constitucional.

Recientemente el Tribunal Constitucional ha evacuado los siguientes autos, inadmitiendo las cuestiones de inconstitucionalidad:

  • 203/2016 y 205/2016 (relativos a los impuestos medioambientales sobre la producción del combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas).
  • 202/2016 y 204/2016 (relativos al Impuesto medioambiental sobre el valor de la producción de energía eléctrica).

De su lectura se pueden deducir las siguientes conclusiones:

El Tribunal Constitucional señala en los autos que la cuestión de inconstitucionalidad exige que la norma con rango de ley, de la que el órgano judicial tenga dudas sobre su constitucionalidad, resulte “aplicable al caso” (juicio de aplicabilidad) y que de su validez “dependa el fallo(juicio de relevancia).

Ahora bien, la posible incompatibilidad de la ley nacional con el Derecho de la Unión Europea haría que la norma no superase el juicio de aplicabilidad.

Por ello, si el órgano judicial duda de la constitucionalidad y, a la vez, de la compatibilidad con el Derecho de la Unión de una norma con rango de ley, no podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sino plantear primero la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión europea y, solo cuando este haya descartado la incompatibilidad de la norma nacional con el Derecho de la Unión Europea, cabrá plantear la cuestión de inconstitucionalidad.

Si el TJUE declara que la norma nacional es compatible con el Derecho de la Unión Europea procedería plantear la cuestión de inconstitucionalidad al superar el juicio de aplicabilidad.

Por el contrario, si no lo superase, al declararse que la norma nacional es incompatible con el Derecho de la Unión Europea, aquella resultaría “inaplicable al caso” y no cabría plantear la cuestión de inconstitucionalidad.

En este contexto, y estando pendiente de resolución una cuestión prejudicial planteada ante el TJUE por incompatibilidad de la Ley 15/2012 con el Derecho de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional señala que sólo cuando se haya superado el juicio de aplicabilidad, quedado descartada la incompatibilidad de la norma con el Derecho de la Unión Europea, cabrá plantear la cuestión de inconstitucionalidad y decidir sobre el asunto.

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Javier Vera Martín-Peñasco

Javier Vera Martín-Peñasco

Inspector de Hacienda del Estado desde el 2000, ejerciendo en la actualidad la labor de Inspector Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la A.E.A.T. en Andalucía. Licenciado en Ciencias Empresariales por E.T.E.A. y Máster en Dirección Pública por EOI-IEF.

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