Rasgos de la reforma fiscal del presidente Trump en el Impuesto sobre Sociedades

En fechas relativamente recientes, el legislador Kevin Brady presentó el proyecto de reforma fiscal impulsado por el presidente Trump, denominado Tax Cuts & Jobs Act. El texto salido de la Cámara de representantes ha sido aprobado con ciertas modificaciones por el Senado. Queda ahora, el texto de conciliación. Ha contado con el voto favorable de los republicanos, excepto uno, y con el voto en contra de los demócratas.

En relación con el Impuesto sobre Sociedades, las principales novedades del proyecto de reforma fiscal pueden resumirse de la siguiente manera:

  • Descenso del tipo de gravamen desde el 35% al 20%.
  • Amortización libre para los activos adquiridos antes de 2023 (cost recovery)
  • Limite general a la deducción de los gastos financieros netos, en el importe del 30% del ebitda. Límite específico respecto de las entidades que pertenecen a un grupo mercantil internacional (international financial reporting group), construido mediante la comparación de la situación financiera individual con la del grupo.
  • Exención para los dividendos de fuente extranjera, procedentes de acciones que confieren una participación igual o superior al 10%.
  • Ampliación de la transparencia fiscal internacional (CFC), mediante la tributación en sede de la entidad residente del exceso de los beneficios obtenidos por sus filiales extranjeras sobre la tasa rutinaria de retorno (foreign tax return)
  • Tributación al 20% de ciertos pagos hechos por entidades residentes a entidades afiliadas extranjeras (excise tax).

Además de las novedades reseñadas debe destacarse que una de las propuestas de reforma más importante del partido republicado, a saber, la tributación en destino (A Better Way: Our Vision for a Confident America), no ha tenido cabida. Nótese que, en caso contrario, se hubiera producido un terremoto devastador en el sistema de tributación internacional sobre los beneficios puesto en pie por la OCDE.

Con la exención de los dividendos procedentes de participaciones significativas sobre entidades no residentes, los Estados Unidos se unen al carro de la denominada exención-participación, abandonando así el de la imputación propio de la denominada worldwide taxation que, como es sabido, ha venido constituyendo una destacada peculiaridad de la fiscalidad internacional norteamericana sobre los beneficios de las empresas. En efecto, desde que en 2009 el Reino Unido estableció el método de exención-participación para los dividendos de fuente extranjera, el método de imputación había venido batiéndose en retirada.

La justificación de política fiscal reside en preservar la competitividad de las filiales extranjeras, liberándolas de la tributación adicional, en sede de la entidad matriz norteamericana, con ocasión de la repatriación de los beneficios y, al tiempo, en eliminar los obstáculos fiscales a la misma.

El espectacular descenso del tipo de gravamen también descansa en razones de competitividad, al tiempo que se espera que estimule la inversión local, antes que foránea, de las empresas norteamericanas.

Las dos medidas- participación-exención y descenso del tipo de gravamen-, no representan, en el panorama internacional, novedades relevantes. Sin embargo, la envergadura económica del país que las adopta sí les confiere relevancia. En efecto, los Estados Unidos, primera potencia económica mundial, se suman a la corriente de competición para la atracción de inversiones mediante la configuración amable del Impuesto sobre Sociedades. Parece indudable que, en los próximos años, la reforma fiscal del presidente Trump condicionará la política fiscal de las economías avanzadas.

Tampoco representa una novedad la limitación a la deducción de intereses. Las denominadas normas barrera fueron adoptadas inicialmente por Alemania en la pasada década, España lo hizo en 2012 y la Directiva 2016/1164 las ha asumido plenamente, de manera tal que están llamadas a ser una característica de los Impuestos sobre Sociedades de las economías más desarrolladas. No obstante, según la forma en cómo se establezcan, sus efectos pueden ser diferentes, en particular si están acompañadas de la denominada cláusula de escape, basada en la comparación de la situación financiera individual con la consolidada.

En fin, la libertad de amortización limitada en el tiempo es una medida bien conocida en nuestro país.

La denominada foreign tax return representa una notabilísima ampliación de la transparencia fiscal internacional. En su virtud, las entidades residentes tributarán sobre el 50% del exceso del beneficio obtenido por sus filiales extranjeras sobre el derivado de la tasa rutinaria de retorno (7% más el tipo de interés federal a corto plazo/ importe de los activos tangibles depreciables minorado en los gastos financieros), admitiéndose la deducción, en concepto de crédito fiscal, de los impuestos satisfechos en el extranjero.

Subyace a esta medida la presunción de que los beneficios que exceden de lo normal derivan de la utilización de activos intangibles creados por las entidades matrices norteamericanas, de manera tal que se presenta a modo de enérgico remedio contra la desviación artificiosa de beneficios en la línea del proyecto BEPS de la OCDE.

El denominado excise tax tal vez sea la medida más polémica. Algunos han visto en ella la introducción por la puerta de atrás del ajuste fiscal en frontera para las importaciones, en la línea de la reforma fiscal propuesta por los republicanos (destination-based cash flow taxation, DBCFT). Esa percepción tal vez sea excesiva, habida cuenta que, de una parte, no afecta a todos los pagos sino a los de cierta naturaleza realizados a favor de entidades vinculadas extranjeras y, de otra, que solo se aplicará en relación con los grupos mercantiles multinacionales (international financial reporting groups) que totalicen pagos anuales calificados superiores a 100 millones de dólares.

La medida se presenta, igualmente, como un remedio contra la desviación artificiosa de beneficios e, incluso, como coadyuvante del principio de libre competencia.

La relación de esta medida con los convenios bilaterales para eliminar la doble imposición es ambigua. En efecto, de una parte, de acuerdo con la doctrina de la OCDE, plasmada actualmente en la Convención Multilateral y en el Modelo de Convenio, versión 2017, los convenios bilaterales no impiden ni condicionan las normas relativas a la tributación de los residentes, y el denominado excise tax grava a la entidad residente que realiza el pago, pero, de otra, su similitud con la tributación de las rentas pagadas a los no residentes es palmaria, hasta el punto de que el referido tributo no se exige si la entidad vinculada no residente decide tratar los pagos a modo de renta conectada con negocios desplegados en los Estados Unidos.

Se notará que los pagos afectados son los realizados entre entidades pertenecientes al mismo grupo mercantil internacional, esto es, no necesariamente insertas en la relación matriz-filial. Cuando así sea, y la pagadora sea la entidad matriz, se observa un parentesco con lo previsto en el artículo 100.3.g) de la ley 27/2014.

Eduardo Sanz Gadea.

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Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.

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