Refugio luxemburgués para las instituciones de inversión colectiva

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A lo largo de los tres últimos años, la Dirección General de Tributos ha venido evacuando un conjunto de contestaciones a consultas concernientes a los efectos fiscales de una posible absorción de una institución de inversión colectiva española por otra constituida en Luxemburgo. Véanse, entre otras, las consultas CV 0773-15; CV 1087-16; CV 1546-16; CV 2750-16 y CV 1848-17.

Interesaba a los consultantes si era aplicable el régimen fiscal especial de las operaciones de fusión y asimiladas, actualmente regulado en el capítulo VII del título V II de la Ley 27/2014.

Las contestaciones evacuadas han sentado los siguientes criterios (la cursiva es reproducción de la CV0773-15):

  • Viabilidad de aplicar el régimen fiscal especial, de manera tal que, si el supuesto de hecho a que se refiere la consulta se realiza en el ámbito mercantil, al amparo de lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, y conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y en su Reglamento de desarrollo, en relación con los fondos de inversión que intervienen en la fusión, y se cumple lo dispuesto en el artículo 76.1 de la LIS, dicha operación podría acogerse al régimen fiscal establecido en el capítulo VII del título VII de la LIS en las condiciones y requisitos exigidos en el mismo.
  • Integración en la base imponible de la institución de inversión colectiva absorbida de las rentas, positivas y negativas, inherentes a la transmisión de los activos financieros, por cuanto la entidad adquirente es una sociedad no residente y los elementos adquiridos no quedarán vinculados a un establecimiento permanente situado en el Estado miembro de la entidad transmitente (España).
  • No integración en la base imponible de los partícipes de los fondos de inversión, residentes en territorio español o en algún otro Estado miembro de la Unión Europea, de las rentas que se pongan de manifiesto como consecuencia de la atribución de las acciones de las SICAV recibidas en contraprestación. No obstante, dichas rentas se integrarán en el momento en el que los partícipes de los fondos de inversión, residentes en territorio español o en algún otro Estado miembro de la Unión Europea, transmitan las acciones de las SICAV beneficiarias, o bien el socio pierda la cualidad de residente en territorio español.

En suma, traspasar la titularidad del patrimonio financiero de una institución de inversión colectiva constituida en España a otra constituida en Luxemburgo implica una tributación, al tipo de gravamen del 1%, de las plusvalías netas latentes en los activos financieros que componen dicho patrimonio.

La doctrina de la Dirección General de Tributos, la práctica administrativa y las sentencias de los tribunales han venido entendiendo que la aplicación del régimen fiscal especial del capítulo VII del título VII requiere la concurrencia de motivos económicos válidos, y de ahí que en todas las consultas los interesados hayan exhibido un conjunto de motivaciones económicas que alentarían la operación proyectada. Así, en  la CV1848-17, se dice que las operaciones planteadas se realizan para la consecución de las siguientes finalidades: incrementar el control regulatorio y la transparencia, en la medida en que la SICAV pasará de ser autogestionada a estar gestionada por una sociedad gestora supervisada por la “Commission de Surveillance du Secteur Financier” de Luxemburgo; reducir los costes, al pasar de ser dos entidades a una sola; obtener ventajas estructurales y operativas derivadas de la simplificación de la estructura y de un mayor volumen en la SICAV beneficiaria; y, por último, mejorar la captación de nuevos inversores, en la medida en que la estructura resultante será más fácil de distribuir internacionalmente, entendiendo la DGT que estos motivos pueden considerarse válidos, como también lo son, según la CV2896-17, abandonar el régimen regulatorio de las SICAV españolas, toda vez que en España estos vehículos gozan de una publicidad excesiva frente al gran público en cuanto a la identidad de los accionistas relevantes; y, adicionalmente, seguir en el marco de un vehículo de inversión sometido a reglas de armonización, que permiten un mayor control regulatorio de la gestión y la depositaría de los activos.

¿Excelencia regulatoria del régimen luxemburgués? ¿Deficiencias del régimen regulatorio español? ¿Diversificación financiera? ¿Ahorro de costes de gestión? ¿Seguridad jurídica en el ámbito financiero?

El 18 de enero de 2017, el periódico económico Cinco Días, informaba de que el pacto de investidura (PP-Ciudadanos) recoge que solo las sicavs con 100 accionistas que tengan cada uno de ellos al menos el 0,55% puedan disfrutar de la tributación reducida del 1% en el Impuesto sobre Sociedades frente al 25% general, y que, ante esa eventualidad, una de las últimas estrategias que están empleando los departamentos jurídicos de las gestoras de sicavs es la fusión de vehículos con sus homólogos en el Gran Ducado.

Hasta el momento ese pacto no se ha materializado, pero qué duda cabe de que arroja un jarro de agua fría sobre la tributación privilegiada de la inversión colectiva. Pasar del 1% al 25%, no es un descalabro menor.

Ahora bien, si es claro que la justicia fiscal reclama que la inversión colectiva tribute en paridad de condiciones a como lo hace la inversión individual, también lo es que en un mundo cuyas fronteras económicas son permeables, particularmente en el ámbito financiero, y más todavía en espacios económicos integrados, como es el comunitario, ese sano objetivo debe realizarse a través de las técnicas fiscales apropiadas.

La escogida por los dos partidos políticos no lo es. Aún más, es notoriamente inapropiada. La tributación simbólica del vehículo de la inversión colectiva no es rasgo de privilegio, sino medio para evitar la imposición en cadena de la misma renta. El privilegio se halla en la tributación diferida de los socios o partícipes, ya que no tributarán por las ganancias obtenidas mientras no reembolsen la acción o participación, pese a que pueden hacerlo, por su sola voluntad, y en cualquier momento, en tanto que los inversores a título individual deben hacerlo sobre los dividendos e intereses percibidos, aun cuando los reinviertan.

Ahí está el privilegio fiscal de la inversión colectiva que, ya desde la década de los 50 del pasado siglo, ha venido permitiendo la acumulación de ganancias sin tributación. Ahora bien, este privilegio no debe ser cercenado mediante la elevación del tipo de gravamen de la institución de inversión colectiva, pues ello provocaría, bien se ve, la huída hacia Luxemburgo, sino a través de la imputación a los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva de las rentas obtenidas por las mismas, esto es, mediante un régimen de transparencia fiscal, tanto interno como internacional.

Bajo el régimen sugerido sería indiferente, desde el punto de vista fiscal, para los socios o partícipes, serlo de una institución de inversión colectiva española o luxemburguesa y, más todavía, para los inversores financieros en general, invertir individual o colectivamente.

¿Superaría el dintel de los motivos económicos válidos una operación de fusión internacional inducida por una reforma fiscal en el sentido pactado por los partidos políticos? El pronóstico es problemático, máxime si, como parece desprenderse de la sentencia del Tribunal de Justicia Europark, los motivos económicos válidos no son un requisito de aplicación del régimen fiscal especial sino un elemento que contribuye a probar que la operación concernida forma parte de un diseño fraudulento.

Con todo, la CV1957-16, puede ofrecer una cierta orientación. En ella se lee que en el escrito de consulta se indica que las operaciones planteadas se realizan con la finalidad de concentrar en una IIC la gestión de carteras e instituciones separadas, lo que redundará en el aumento de la eficiencia en la gestión; la mejora de las políticas de inversión, gracias al aumento del patrimonio de la entidad resultante; el ahorro de costes de administración y gestión por la unificación de instituciones sujetas a distintas exigencias regulatorias; alcanzar economías de escala que supongan una reducción del TER (Total Expenses Ratio) para el inversor de ambas instituciones, duplicados y la reducción del  coste unitario de costes variables; concentrar un mayor volumen de activos en un único vehículo inversor, consiguiendo que el fondo de inversión sea más atractivo para inversores  futuros; mejorar la protección de los intereses de todos los inversores con independencia  del volumen de inversión; mejorar la gestión en momentos de recesión por reducción  del riesgo de desinversión forzada consecuencia del mayor volumen de activos gestionados  y distribución del capital invertido; dotar de una mayor liquidez a los socios de  la entidad; integrar a los socios de la entidad en una entidad acorde con el marco  de la Unión Europea para los fondos de inversión; mejorar la seguridad de los socios de la entidad por efecto de la privacidad de la información sobre la titularidad de las participaciones significativas; y, finalmente, la aplicación del régimen de diferimiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la transmisión de las participaciones del fondo de inversión. Si bien estos motivos, en conjunto, pueden considerarse válidos a efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 89.2 de la LIS, debe tenerse en cuenta que uno de estos motivos conlleva una ventaja fiscal, en caso de aplicación de un régimen de diferimiento en el IRPF en la transmisión de las participaciones del fondo de inversión. Por tanto si el principal motivo de esta operación es acceder a ese diferimiento en caso de que resultará de aplicación, se entendería que la misma no es económicamente válida, por cuanto conllevaría principalmente una ventaja fiscal, cuestión que podrá ser analizada por los órganos de comprobación…(subrayado del autor).

¿Subsistiría la inversión colectiva sin el paraguas del privilegio fiscal actual? Desde luego, puesto que la gestión profesionalizada ofrece un servicio valuable económicamente.

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Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.

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