La regulación de la auditoría, en continua adaptación

Análisis de los cambios que ha introducido la actual Ley de Auditoría de Cuentas.

Es de general, aceptación la relevancia del papel del auditor en los mercados financieros, tanto de capitales como de financiación, y la necesidad de que su informe deba ser utilizado en la toma de decisiones financieras por distintos intervinientes en los mismos.

Sus usuarios consideran el informe de auditoría como una garantía de la veracidad de las cuentas anuales, por lo que necesitan tener la confianza de que los auditores han realizado su trabajo de manera objetiva y profesional, con independencia e imparcialidad.

Admitiendo lo anterior parece lógico que la auditoría sea una de las profesiones objeto de mayor regulación y más controladas desde los órganos públicos, tanto a nivel local como en el marco internacional y que dicha regulación vaya respondiendo de forma más o menos sincronizada  a todas las modificaciones que experimenta el marco regulatorio que afecta a los mercados.

En nuestro país, por una parte, el trabajo del auditor se encuentra supeditado al cumplimiento de la Ley de Auditoría de Cuentas, amén de su desarrollo reglamentario, pero también de las Normas Internacionales de Auditoría, en las cuales se contemplan los principios y normas que rigen la actividad del auditor, desde la planificación y ejecución del trabajo hasta su finalización mediante la emisión del informe de auditoría, donde los auditores expresan su opinión profesional.

Por otra parte, su actuación, se encuentra bajo la supervisión del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), así como de las corporaciones profesionales a las que pertenecen los auditores.

Conectando con lo mencionado anteriormente, también es recurrente que cada vez que se produce una etapa de crisis en los mercados se cuestione el papel del informe del auditor en relación no solo con la identificación de las debilidades del auditado, sino con la capacidad predictiva sobre la salud financiera y la continuidad de la empresa.

Con independencia de que la respuesta a esa cuestión tiene entidad suficiente para generar un debate específico, lo realmente cierto es que estas situaciones devienen en una pérdida de confianza en el trabajo del auditor.

En ese sentido, la reciente y ¿pasada? crisis económica y financiera, ha provocado modificaciones en un amplio espectro de normas legales que no ha dejado indemne a la auditoría. La reforma legal iniciada en nuestro país como adaptación a los cambios ocurridos en la normativa comunitaria en 2014, se materializó inicialmente en la Ley 22/2015, de 20 de julio, la cual  deberá completarse en breve con la aparición del nuevo Reglamento (del que se está tramitando en su fase final un borrador con rango de real decreto).

La actual Ley de Auditoría de Cuentas

La actual Ley de Auditoría de Cuentas ha introducido cambios sustanciales en el ejercicio de la actividad de auditoría, motivados por la necesidad de recuperar la confianza de los usuarios en la información económico-financiera que se audita, reforzando para ello la independencia, transparencia e imparcialidad del auditor y la calidad de su trabajo.

De forma no exhaustiva, podemos agrupar las medidas incluidas, en los siguientes apartados:

  1. Refuerzo de la independencia del auditor, cuestión que se manifiesta en:
    1. Establecimiento de causas de incompatibilidad auditor vs auditado, derivadas de aspectos subjetivos tales como familiaridad, participación en la toma de decisiones de la sociedad auditada o tener un interés significativo en la misma.
    2. Delimitación de servicios que no pueden ser prestados por el auditor a la sociedad auditada, entre los que destacan los de contabilidad, servicios jurídicos y fiscales, auditoría interna, servicios de control interno o gestión de riesgos.
    3. Establecimiento de un límite en los honorarios recibidos respecto de servicios prestados, distintos de la auditoría, así como limitación a la concentración de honorarios con una sola entidad.
  2. Desarrollo de un marco específico para EIP (entidades de interés público) que son, fundamentalmente, sociedades cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras, emisoras de valores sujetos a cotización y otras por razón de tamaño. Contempla, entre otras medidas, un calendario singular de rotaciones del auditor o determinados requerimientos de comunicación con la Comisión de Auditoría de dichas entidades.
  3. Sostenimiento de la calidad del trabajo del auditor cara a los usuarios de información financiera, lo cual se vincula a un mayor contenido del informe del auditor y a una mayor regulación de las normas técnicas de realización del trabajo de auditoría.

Precisamente, este último grupo de medidas son las que causan mayor debate con los representantes de los auditores de cuentas, tanto el Registro de Economistas Auditores como el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, por entender que se cae en el exceso normativo y de control sobre la profesión, sin necesidad para ello.

Por su parte, el nuevo Reglamento, que deberá ser aprobado a lo largo del presente ejercicio, a la par que incide y completa lo anterior, desarrolla un amplio y exigente cuerpo de requisitos relativos a la organización interna de la firma auditora, a la vez que refuerza y amplía el sistema de supervisión pública al que está sujeto el auditor.

Y todo ello, reconociendo que quedan nuevas modificaciones por llegar, que las normas de auditoría tendrán que seguir evolucionando al compás de entornos cambiantes, con el objetivo de conseguir que el auditor y su informe generen la confianza que los mercados demandan. Y contando con la tormenta legislativa que afecta al auditor de cuentas directa e indirectamente.

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Juan Reina

Juan Reina

Juan Antonio Reina Luque es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Co-director del Master Universitario en Auditoría y Finanzas, Profesor de Contabilidad en el Grado de ADE y el Grado de Derecho, Auditor Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, Miembro del Instituto de Auditores y Censores Jurados de Cuentas y Socio de Barral y Reina Auditores.

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