La exención para las indemnizaciones por despido en el IRPF

  1. INTRODUCCIÓN

Un problema central en cualquier sistema tributario es, por un lado, la pérdida recaudatoria que al mismo le supone la proliferación de los beneficios fiscales en su seno; en segundo lugar, es evidente que tal metástasis genera una indudable complejidad jurídico-normativa y de gestión en los tributos y, por último, se plantea que la incidencia en los principios tributarios de justicia y equidad de tales incentivos, desgravaciones u otros conceptos, los cuales reducen la carga tributaria teórica, es más que dudosa y discutible.[1][2]

Sin embargo, múltiples causas: jurídicas, económicas, sociales, de articulación de grupos de presión, etc., justifican y facilitan la existencia de beneficios fiscales que, bajo denominaciones variopintas y fundamentos diversos, permiten la proliferación de incentivos fiscales, en base a la finalidad extrafiscal del sistema tributario que, además, permite el artículo 2.1, segundo párrafo, de la norma básica de nuestro Ordenamiento Tributario: la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT).[3]

Y, como no podía ser menos, el  impuesto donde más relevancia adquieren esos beneficios fiscales, resulta ser el gravamen de mayor impacto económico, social y político en nuestra patria; nos referimos, claro está, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF), cuya cuantía, según el Presupuesto de Beneficios Fiscales para 2016, asciende a: 8.309,34 millones de euros, el 24, 1% de la recaudación prevista para el IRPF en ese año.[4]

  1. LAS EXENCIONES EN EL IRPF Y LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

Los beneficios fiscales aparecen de manera dispersa en la legislación del IRPF, por ejemplo, el artículo 38.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF (en adelante, LIRPF), para la exención por reinversión en vivienda habitual; además, de los debates que pueden producirse respecto a la caracterización de determinados parámetros del IRPF vigente como beneficios fiscales o como elementos estructurales del impuesto benchmark structure, cuyo caso paradigmático son el mínimo personal y familiar[5]; pero lo cierto es que el bloque más relevante de las exenciones en el IRPF aparece integrado en el artículo 7 de la citada LIRPF, cuya rúbrica es, precisamente, “rentas exentas”.

Y, dentro de él, la letra e) declara como exentas:

“…Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.

El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite la cantidad de 180.000 euros.

La gran novedad de esta modalidad de exoneración de rentas en el IRPF ha sido, precisamente, el último párrafo, es decir, su conversión en un mínimo exento, pues superada la cuantía de la misma: 180.000 euros, el exceso estará plenamente sometido al gravamen[6].

Precisamente, para evitar cualquier crítica al carácter retroactivo, siquiera mínimo, de tal restricción sobre procesos de despido colectivo en marcha o en situaciones individuales en la misma situación, la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, de reforma del IRPF, introdujo la Disposición Transitoria 22.3[7].

La justificación política y social de una medida de esta naturaleza es inmediata: razones sociales conducen a excluir de gravamen una renta producida en situaciones donde la capacidad económica del contribuyente sometido a gravamen, la renta, prácticamente desaparece, al perder su fuente de ingresos fundamental: el trabajo (téngase en cuenta que más del 80% de la cuota líquida del IRPF proviene de las rentas del trabajo)[8]; asimismo, la exención responde a que el factor productivo trabajo, al contrario que las rentas del capital y las rentas mixtas (explotaciones económicas), sufre un deterioro que no es reconocido legalmente mediante una serie de gastos deducibles como suele suceder con las otras rentas, etc.

Sin embargo, tras tales argumentos[9], subyace también el reconocimiento de las presiones ejercidas por grupos sociales organizados (sindicatos) que suelen gestionar despidos de cuantías más elevadas para sus miembros y, asimismo, pueden contener medidas de gran injusticia, ya que, de no establecerse un tope a la indemnización exenta (como sucedía hasta 2014), resultaban proporcionalmente más beneficiados los perceptores de indemnizaciones de despido más elevadas, caso de directivos y trabajadores con mayor retribución.

De ahí, que sólo pueda ser vista de manera positiva la introducción de una cuantía máxima exonerada, 180.000 euros, la cual ha de referirse a todo el período impositivo.

Toda “indemnización por despido” queda incluida, aunque cabe recordar que hay extinciones de las relaciones laborales, cuya naturaleza no da derecho a indemnización, verbigracia, las correspondientes a despido disciplinario o el fin de un contrato de interinidad.

La cuantía de esa indemnización es la regulada en la normativa correspondiente y no en la derivada de acuerdos privados, lo que nos remite, en general, al Estatuto de los Trabajadores o a las disposiciones reglamentarias que enmarcan los diferentes contratos especiales de trabajo.

En este sentido, siguen planteándose problemas sobre la existencia o no de una indemnización por despido en el supuesto del personal de alta dirección, ya que la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2014 señaló que no era posible renunciar al mínimo legalmente establecido a este respecto; siendo el derecho al despido del alto directivo de carácter necesario, sobre cuya existencia las partes no pueden disponer, ni eliminar.

Las partes pueden establecer una cuantía superior a la regulada en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección.

La postura de la Dirección General de Tributos, en su consulta de 23 de junio de 2015, sin embargo, afirma que, al no existir ningún límite, ni mínimo ni máximo, de carácter obligatorio en las indemnizaciones por  despido del personal directivo, éstas estarían totalmente sujetas a gravamen, sin exención.

Nuestra postura es contraria: la indemnización legalmente establecida, en este caso es la Real Decreto 1382/2015 mencionado: siete días por año de servicio con el límite de seis mensualidades.

Por lo demás, cualquier tipo de despido: individual, colectivo (en el marco de un ERE, por ejemplo), disciplinario, improcedente, por causas objetivas, etc., viene cubierto por el ámbito de la exención.

Lo relevante para fijar la cuantía es que la misma responda a lo legislado, no a un pacto privado; de forma tal que sigue vigente la prevención del IRPF contra los despidos simulados, cuya existencia conlleva, seguidamente, la contratación del trabajador “despido” por una empresa vinculada a la anterior.

En este sentido, es muy relevante lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento del IRPF, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.[10]

Domingo Carbajo Vasco.


[1] La propia delimitación del concepto de “beneficios fiscales” y la delimitación de sus diferentes modalidades es objeto de debate doctrinal.
En este sentido, cabe recordar que la doctrina internacional hacendística tampoco es uniforme a la hora de precisar tales conceptos, hablándose, por ejemplo, de tax expenditures o gastos fiscales, en el ámbito anglosajón y de “gastos tributarios” en la Región iberoamericana.
[2] No existe, asimismo, una definición unitaria de las voces “beneficios fiscales” en nuestro Ordenamiento Tributario, aunque sí un reconocimiento de su existencia y variedad.
Por ello,  el artículo 8, “reserva de Ley tributaria”, de la LGT, afirma la necesidad de establecer mediante Ley:
“…..
  • d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales.”.
[3]“….Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.”.
[4] Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Memoria de Beneficios Fiscales,
 www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2016Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_16_A_A2.PD
[5] En relación a las complejas y difíciles relaciones entre la familia y la tributación en el IRPF, puede verse recientemente: Calderón Corredor, Zulema. “Tributación directa y protección de la familia en España: convergencia internacional y líneas de reforma”, Crónica Tributaria,  nº 161/2016, páginas 7 a 34.
[6] Para una historia del debate surgido respecto a este límite y sus variantes, nos remitimos a: Calvo Vérgez, Juan. “La nueva regulación de la exención de las indemnizaciones por despido en el IRPF. Especial referencia a la fiscalidad de las indemnizaciones percibidas por el personal de alta dirección”, Gaceta Fiscal , nº 389, diciembre 2016, páginas 70 a 89.
[7] “Indemnizaciones por despido exentas.
….
  • El límite previsto en el último párrafo de la letra e) del artículo 7 de esta Ley no resultará de aplicación a las indemnizaciones por despidos o ceses producidos con anterioridad a 1 de agosto de 2014. Tampoco resultará de aplicación a los despidos que se produzcan a partir de esta fecha cuando deriven de un expediente de regulación de empleo aprobado, o un despido colectivo en el que se hubiera comunicado la apertura del período de consultas a la autoridad laboral, con anterioridad a dicha fecha.”.
[8] Agencia Tributaria. Subdirección General de Estadísticas. Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas. Estadísticas de las fuentes de Renta. Principales resultados, 2014, 31 de enero de 2017.
[9] Cuyo coste recaudatorio se cifra en 80,9 millones de euros el mencionado Presupuesto de Beneficios Fiscales para 2016.
[10] Indemnizaciones por despido o cese del trabajador
El disfrute de la exención prevista en el artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio quedará condicionado a la real efectiva desvinculación del trabajador con la empresa. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se da dicha desvinculación cuando en los tres años siguientes al despido o cese el trabajador vuelva a prestar servicios a la misma empresa o a otra empresa vinculada a aquélla en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
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Domingo Carbajo Vasco

Domingo Carbajo Vasco

Domingo Carbajo Vasco es Inspector de Hacienda del Estado, Economista, Abogado y Profesor en diferentes instituciones y escuelas. Posee experiencia internacional, en asuntos europeos, Twinnings y otras materias de consultoría fiscal y financiera.

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