Indemnización por infracción del ordenamiento comunitario. Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2018

La sentencia versa sobre la procedencia de satisfacer una indemnización fundada en la supuesta violación del ordenamiento comunitario, derivada de que el ya derogado artículo 67 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) no permitía, a diferencia del artículo 58 de la Ley 27/2014, la pertenencia al grupo fiscal de las entidades residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea.

El recurso se interpuso en relación con la resolución del Consejo de Ministros, de 3 de febrero de 2017, denegatoria la indemnización solicitada, cuyo importe había cifrado la entidad interesada en la diferencia entre la suma de las cuotas liquidadas individualmente, correspondientes a los periodos impositivos de 2008 y 2009, y las cuotas que hubieran procedido en el régimen de consolidación fiscal.

La entidad recurrente argumentó su pretensión en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea SCA Group Holding (39-13), Inspecteur (40-13), MSA Nederland BV (41-13), concernientes a la legislación fiscal holandesa, por cuanto, a su entender, la española era totalmente comparable. En efecto, las dos legislaciones exigían la residencia en territorio nacional de las entidades integrantes del grupo fiscal, y ese requisito fue, precisamente, el que el Tribunal de Justicia consideró contrario al derecho de establecimiento reconocido en el ordenamiento comunitario.

En su sentencia, el Tribunal Supremo examinó, en primer lugar, si las normas del TRLIS concernientes a la composición del grupo fiscal infringían el ordenamiento comunitario para, seguidamente, determinar si el procedimiento para obtener la indemnización se había iniciado dentro del año siguiente a la infracción causante del perjuicio a indemnizar, por así exigirlo el artículo 142.5, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aplicable por razón del tiempo en el que se produjeron los hechos, a cuyo tenor el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

En relación con la primera cuestión, cuya resolución en sentido favorable a la entidad recurrente era condición para el análisis de la segunda, la sentencia, sobre la base de comparar las legislaciones española y holandesa, apreció que el derecho de establecimiento comunitario se oponía a las normas del TRLIS relativas a la composición del grupo fiscal, de manera tal que ha de concluirse de lo expuesto, de un lado, que la legislación de España a la época de referencia era en lo sustancial idéntica a la que regía en los Países Bajos a que se refiere la sentencia del TJUE mencionada y, en segundo lugar y precisamente por lo declarado en la sentencia, la mencionada normativa era contraria al Derecho de la Unión.

En relación con la segunda cuestión, la sentencia rechazó la pretensión de la entidad recurrente en el sentido de considerar que el día inicial para computar el plazo del año fuese la fecha de la publicación de las sentencias del Tribunal de Justicia. Ese día, a juicio del Tribunal Supremo, había de ser, en el caso de autos en el que no existía una sentencia del Tribunal de Justicia relativa a la legislación española, aquel en el que se practicaron las liquidaciones definitivas concernientes a los periodos impositivos de 2008 y 2009.

La seguridad jurídica, según la sentencia, se opondría a una solución como la pretendida por la entidad recurrente, por cuanto de aceptarse que en un supuesto como el presente, en que no existe pronunciamiento concreto sobre el Derecho nacional, pudiera aplicarse una jurisprudencia del TJUE referida a la normativa de otro País, pero aplicable a la nacional, el plazo de reclamación quedaría indefinido, lo cual no es baladí habida cuenta de la amplitud de la extensión de la responsabilidad por incumplimiento que, sabido es, no se excluye tan siquiera por la cosa juzgada. No habría impedimento en aplicarlo si esa declaración se hace de manera expresa respecto de nuestra legislación, supuesto en el cual si se iniciaría desde la mencionada fecha, y aun para situaciones que hubiesen causado estado, la posibilidad de la indemnización por la acción de responsabilidad por incumplimiento.

La sentencia cierra el paso a las solicitudes de indemnización planteadas a la vista de una sentencia del Tribunal de Justicia que versa sobre una legislación fiscal extranjera, comparable a la española, declarada adversa al ordenamiento comunitario.

Cabe entender que el criterio de la sentencia también será válido tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo artículo 67 establece que en los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea, debiendo considerarse, a estos efectos, lo establecido en el artículo 32.5 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:

  1. La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.
  2. El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
  3. Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

De esta manera, incluso si mediare una sentencia firme desestimatoria, procederá la indemnización respecto de las lesiones provocadas por la aplicación de una norma declarada contraria al ordenamiento comunitario, a condición de que el interesado hubiere alegado la infracción en el curso del procedimiento que finalizó con la sentencia desestimatoria.

En todo caso, la fecha de inicio del plazo de prescripción del derecho a la indemnización será el día de publicación en el Diario de las Comunidades de la sentencia que declara que una norma es contraria al ordenamiento comunitario, en el bien entendido que esa norma ha de ser la española, pero no la de otro Estado miembro, aun cuando fuere idéntica o similar a la española.

Innecesario es decir que la normativa relativa a la indemnización por infracción del Derecho de la Unión Europea no interfiere ni condiciona el ejercicio del  poder-deber de los tribunales de justicia, incluido el TEAC, de inaplicar aquellas normas fiscales contrarias al Derecho de la Unión Europea. Así, ante una sentencia del Tribunal de Justicia adversa a una legislación fiscal de otro Estado miembro que el interesado repute similar a una normativa española, podrá hacer valer su derecho, sea mediante el expediente de devolución de ingresos indebidos o bien oponiéndose a una regularización tributaria, obteniendo la satisfacción pertinente en caso de que los tribunales aprecien la infracción. E incluso podrá recorrer esas vías procedimentales sin el respaldo previo de una sentencia del Tribunal de Justicia.

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Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.

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