El activismo fiscal de la Comisión. Comunicación al Parlamento y al Consejo de 25 de octubre de 2016

Desde que en 2015 la Comisión anunció su Plan de Acción para una más justa y efectiva tributación, básicamente centrada en la imposición sobre los beneficios de las empresas, los logros no han sido nada despreciables, principalmente en el campo de la transparencia y de las medidas antiabuso.

En los próximos años, la Comisión se centrará en su proyecto de tributación de los beneficios de los grupos de empresas sobre una base imponible común consolidada europea (CCCTB, siglas en inglés). A tal efecto, ha presentado dos propuestas de directiva, la primera para establecer una base imponible común (COM (2016) 685 final) y la segunda para cuantificar la base imponible de cada entidad o establecimiento permanente del grupo de empresas europeo mediante la distribución de la base imponible consolidada, esto es, la imputable al grupo de sociedades europeo en su conjunto, en función de una fórmula de reparto predeterminada, compuesta por cuatro factores, a saber, ventas, coste del factor trabajo, número de empleados y activos materiales (COM (2016) 683 final).

El sistema CCCTB no altera los puntos de conexión de los impuestos sobre los beneficios con el territorio de las jurisdicciones fiscales legitimadas para recaudarlos, previstos en el Modelo de Convenio de la OCDE. En efecto, estos puntos continúan siendo la residencia fiscal y el lugar fijo de negocios constitutivo de un establecimiento permanente. Sí altera el criterio tradicional de cálculo de la base imponible de cada entidad o establecimiento permanente del grupo fiscal, fundamentado en las operaciones realizadas, de las que da cuenta y razón una contabilidad correctamente cumplimentada, eventualmente corregidas en función del valor de mercado cuando se de aquellas concertadas entre partes independientes.

En el Modelo de Convenio de la OCDE nada se establece respecto de la forma de determinar el beneficio de las entidades jurídicas, sin duda porque esa materia no afecta a las relaciones entre residentes y no residentes, sino exclusivamente a los residentes, excepto por lo que se refiere a la influencia que sobre dicho beneficio puedan tener las operaciones entre entidades vinculadas, a cuyo efecto habilita la posibilidad de corregirlo en virtud de la aplicación del principio de libre concurrencia. Pues bien, en las Directrices sobre Precios de Transferencia de la OCDE se observa que la determinación de la base imponible mediante una fórmula de reparto predeterminada no es compatible con el principio de libre concurrencia.

Si prosperase la iniciativa de la Comisión se produciría una mutación trascendental en la imposición sobre los beneficios de las empresas residentes en Estados miembros de la UE, por cuanto en las relaciones intragrupo dejaría de ser aplicable dicho principio.

Incluso si solamente prosperase la directiva concerniente a la base imponible común, las modificaciones que habría de acometer el legislador español no serían desdeñables. En efecto, además de abandonar la tradicional relación de la base imponible con el resultado contable, debería establecer:

  • La denominada cláusula de tributación mínima, en el contexto del método de exención de dividendos y plusvalías de cartera.
  • La liquidación los incentivos al I+D+i, en base imponible.
  • La deducción del denominado interés nocional.
  • La amortización por el sistema de “pool”.
  • La imputación de pérdidas contables de las filiales, con reintegro quinquenal.

De todas ellas, seguramente la relativa a la deducción del interés nocional es la más relevante, por cuanto implica abandonar la configuración tradicional de la renta gravable por el Impuesto sobre Sociedades.

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Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.

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