Responsabilidad patrimonial por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea

Responsabilidad patrimonial por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea

En el siguiente artículo, analizamos la responsabilidad patrimonial por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Grupos fiscales. Sentencia del Tribunal Supremo 961/2018.

La sentencia del Tribunal Supremo 961/2018, de 11 de junio, resuelve el recurso planteado contra la desestimación, por resolución del Consejo de Ministros de 3 de febrero de 2017, de una solicitud de declaración de la responsabilidad del Estado legislador por infracción del Derecho de la Unión Europea, con la consecuencia de la pertinente indemnización.

La solicitud se fundamentó en la incorrecta configuración del grupo fiscal establecida en el artículo 67 Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), impeditivo de la tributación en régimen de consolidación fiscal de las sociedades pertenecientes a los denominados grupos horizontales, con la consiguiente pérdida de las ventajas propias de aquella.

En efecto, en los periodos impositivos afectados, 2008 y 2009, las sociedades residentes en territorio español cuya entidad dominante no residía en dicho territorio no podían conformar un grupo fiscal, siendo así que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-40/13, relativo a legislación fiscal holandesa, estableció, con fecha 12 de junio de 2014, que los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual se concede un régimen de unidad fiscal única a una sociedad residente que controla determinadas filiales residentes, pero se excluye para sociedades hermanas residentes cuya sociedad matriz común no tiene su domicilio social en ese Estado miembro ni cuenta en él con un establecimiento permanente.

La sentencia del Tribunal Supremo compara la legislación holandesa con la española y concluye que esta última era en lo sustancial idéntica a la que regía en los Países Bajos a que se refiere la sentencia del TJUE mencionada de forma tal que la libertad de establecimiento se opondría al requisito, previsto en el artículo 67 del TRLIS, consistente en que la entidad dominante debía ser residente en territorio español. Sin embargo, el recurso fue desestimado por razones procedimentales.

Norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea

El artículo 32.5 de la Ley 40/2015 establece que si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada.

En consecuencia, el contribuyente hubiera debido acudir al expediente de devolución de ingresos indebidos, alegando la oposición del Derecho de la Unión Europea a la normativa nacional y, ante un acto administrativo denegatorio, ejercitar los recursos pertinentes, sin obtener satisfacción a su petición. Entonces sí, a la vista de una sentencia del Tribunal de Justicia, hubiera podido tener viabilidad la demanda de responsabilidad patrimonial, planteada, eso sí, antes de transcurrido un año desde la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67.1 de la Ley 39/2015.

En el caso de autos, aun asistiendo la razón de fondo al contribuyente, su pretensión fue rechazada, por cuanto no la condujo, o no pudo conducirla debido a la concatenación temporal de los hechos relevantes, por los cauces procedimentales adecuados, de manera tal que la sentencia concluyó en que no nos es dable, en nuestro sistema de impugnación de actos administrativos–tributarios– hacer una a modo de declaración de oficio de vulneración del Derecho de la Unión, ni del derecho nacional, incluida la Constitución, sino que para hacer esa declaración debe ser en el seno de un procedimiento tramitado conforme a nuestra propia normativa, lo que no es el caso de autos en que se adelanta la consecuencia –exigencia de responsabilidad– al acto generador –declaración de confrontación con el Derecho de la Unión–, por lo que la pretensión debe rechazarse,

La sentencia tiene un interés doble. De una parte, aunque sin efectos prácticos, reconoce que el derecho de establecimiento se oponía a la configuración del grupo fiscal regulada por el artículo 67 del TRLIS, y de otra, precisa los aspectos procesales de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por causa de la infracción del Derecho de la Unión Europea.

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Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.

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