Dependencia y discapacidad en el IRPF. Algunas reflexiones

IRPF y discapacidad

UNA NUEVA CAMPAÑA DEL IRPF

El 5 de abril de 2017 empieza, oficialmente, la campaña anual de la declaración-liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF), en este caso, la correspondiente al ejercicio 2016[1].

Nos encontramos ante el tributo de mayor relevancia recaudatoria (así, en 2015, los ingresos por este concepto ascendieron a 72.346 millones de euros, frente a los 60.305 millones de euros del IVA)[2], social (unos 19,5 millones de declaraciones-liquidaciones se producen todos los años en el territorio común[3]) y política, al significar la expresión del ciudadano democrático.

De ahí, el interés por repasar todos los aspectos de una campaña en la cual la regulación del IRPF apenas presenta modificaciones, tras la entrada en vigor, en general, para los períodos impositivos iniciados el 1 de enero de 2015 de la última gran alteración legislativa del gravamen, la derivada de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, de modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF (en adelante, LIRPF), centrándonos en los beneficios fiscales vinculados, en este caso, a la dependencia, concepto éste que es muy diferente al de la discapacidad.

DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD EN EL IRPF

El IRPF grava la manifestación de capacidad económica que es la renta obtenida por las personas físicas, artículos 1[4], 2[5] y 6.1[6] de la LIRPF, y, por ello, atiende en su configuración a la incidencia negativa que manifiestan en esa “obtención de la renta” supuestos de discapacidad, considerando los principios constitucionales de carácter extrafiscal, artículo 2.1, segundo párrafo, de la norma básica del Ordenamiento Tributario, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributario (en adelante, LGT)[7] y la utilización del sistema tributario como medida de fomento para lograr una mayor integración social del colectivo de discapacitados.[8].

Desde esta perspectiva, los discapacitados gozan en el IRPF de una serie de beneficios fiscales relevantes, por ejemplo, mediante el llamado “mínimo por discapacidad”, artículo 60 LIRPF[9] que responde a principios constitucionales, artículo 49 de la Carta Magna (en adelante, CE)[10], de cuya redacción cabe anotar hoy una terminología totalmente desfasada y alejada de los parámetros modernos de lo que hoy se entiende como discapacidad, recogidos en la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, cuyo Instrumento de Ratificación por España aparece en el “Boletín Oficial del Estado” de 21 de abril de 2008.

Para justificar los beneficios fiscales que el sistema tributario otorga a la discapacidad, no podemos olvidar que el objetivo fundamental del proyecto político que está detrás de la norma fundamental española, es la configuración de un Estado social, democrático y de Derecho, artículo 1.1 de la CE y que el concepto de “Estado social”, de raigambre alemana, supone claramente la defensa y protección de los sectores más desfavorecidos y débiles de la sociedad, entre los cuales, se encuentran los discapacitados.

Por ello, reivindicar el valor de la “solidaridad”, como fundamento último del círculo protector de los discapacitados, debería estar en el frente de las razones que sustentan la modulación de nuestro sistema tributario en atención a la discapacidad.

Con independencia de esta proclamación general de valores democráticos, hay lógicamente dos artículos concretos que apoyan el círculo protector fiscal de los discapacitados; por un lado, los propios principios tributarios del artículo 31.1 de la CE y, por otra parte, ese “principio rector de la Política Social y Económica” que es el artículo 49 de la CE, tal y como hemos señalado con anterioridad.

Desde esta perspectiva, los discapacitados gozan en el IRPF de una serie de beneficios fiscales relevantes, por ejemplo, mediante el llamado “mínimo por discapacidad”, artículo 60 LIRPF[11].

Pero la discapacidad no es dependencia.

La regulación, el concepto, los criterios de valoración, las clases, etc. de la dependencia se inscriben en el complejo ámbito de la protección social y suelen relacionarse, aunque no de manera automática, con el proceso de envejecimiento; mientras que la discapacidad responde a causas muy complejas y no atiende sólo a la edad sino a otros factores[12].

En este sentido, el concepto de dependencia aparece regulado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, concretamente, en su artículo 2. Definiciones, apartado 2, que indica al respecto:

Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

La dependencia que se evalúa con sistemas, mecanismos y criterios diferentes a los aplicados para establecer el denominado “grado de minusvalía”, constitutivo de la discapacidad, admite diversas graduaciones, específicamente, tres grados, cuya estructura se incluye en el artículo 26 de la precitada Ley 39/2006[13].

No existe posibilidad (salvo excepciones muy concretas) de intercambiar un grado de discapacidad por un grado de dependencia y viceversa, al tratarse de calificaciones totalmente independientes (lo cual conlleva problemas sin cuento y costes para muchas personas; de ahí, las propuestas de las denominadas “pasarelas”).

El problema deriva, no podemos olvidarlo, de la existencia en nuestro Ordenamiento de dos calificaciones vinculadas a la Política Social que son diferentes, con orígenes históricos diferenciados, regulaciones distintas y también finalidades variadas.

En realidad, mientras el concepto de “discapacitado” y las Políticas Sociales vinculadas a su protección, fomento, inclusión, etc. disponen ya de una gran tradición histórica, especialmente, si consideramos las relacionados con su antecedente histórico inmediato: el minusválido; lo cierto es que la figura de la “dependencia” nace en nuestra Política Social, prácticamente con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, conocida popularmente como “Ley de Dependencia”.

Por ello, el gozar en el IRPF de un beneficio fiscal por ser discapacitado (en  general, disponer de una grado de minusvalía superior al 33%) no permite beneficiarse de los incentivos fiscales a la dependencia, que son pocos, y tampoco es posible el trasvase al revés.

Sin embargo, existen en el IRPF algunos beneficios fiscales que pueden gozar de manera exclusiva los contribuyentes dependientes y no los discapacitados.

UN EJEMPLO DE BENEFICIO FISCAL PARA LA DEPENDENCIA.

El ejemplo específico de lo indicado anteriormente es la exención para las ganancias patrimoniales establecida en el artículo 33.4, b) LIRPF.

De acuerdo con su redacción:

4.Estarán exentas del Impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto:

1. b) Con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Recuérdese, por tanto, que a esta exoneración de ganancias patrimoniales no tienen derecho los discapacitados, dado que son conceptos diferentes y la interpretación restrictiva de los beneficios fiscales incorporada en el artículo 14 de la LGT.[14]

Domingo Carbajo Vasco


[1] Para información oficial respecto de la campaña del IRPF 2016, nos remitimos a: www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Portal_de_campana_de_Renta_2016.shtml
[2] Datos derivados del Informe Anual de Recaudación 2015 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT), www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_Anuales_de_Recaudacion_Tributaria/Ejercicio_2015/IART15.pdf
[3] Concretamente, 19.359.020, en el período impositivo 2014 (declaración-liquidación 2015). Ver www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpf/2014/jrubik38b6daf98a59be8ed607f9757a8da874e3a4ad91.html
[4] Naturaleza del Impuesto
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares.
[5] Objeto del Impuesto
Constituye el objeto de este Impuesto la renta del contribuyente, entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.
[6] Hecho imponible
  • Constituye el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente.
[7] Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.
[8] Por todos, Martín Dégano, Isidoro. “La falta de equiparación entre la discapacidad y dependencia en el ámbito tributario: una propuesta de reforma”, febrero 2017, mimeo
[9] Mínimo por discapacidad.
El mínimo por discapacidad será la suma del mínimo por discapacidad del contribuyente y del mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes.
  • El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 3.000 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad y 9.000 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad y acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 3.000 euros anuales cuando acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
  • El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será de 3.000 euros anuales por cada uno de los descendientes o ascendientes que generen derecho a la aplicación del mínimo a que se refieren los artículos 58 y 59 de esta Ley, que sean personas con discapacidad, cualquiera que sea su edad. El mínimo será de 9.000 euros anuales, por cada uno de ellos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 3.000 euros anuales por cada ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
  • A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de personas con discapacidad los contribuyentes que acrediten, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
En particular, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.
[10] Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
[11] Mínimo por discapacidad.
El mínimo por discapacidad será la suma del mínimo por discapacidad del contribuyente y del mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes.
  • El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 3.000 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad y 9.000 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad y acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 3.000 euros anuales cuando acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
  • El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será de 3.000 euros anuales por cada uno de los descendientes o ascendientes que generen derecho a la aplicación del mínimo a que se refieren los artículos 58 y 59 de esta Ley, que sean personas con discapacidad, cualquiera que sea su edad. El mínimo será de 9.000 euros anuales, por cada uno de ellos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 3.000 euros anuales por cada ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
  • A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de personas con discapacidad los contribuyentes que acrediten, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
En particular, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.
[12] Passim. Carbajo Vasco, Domingo. “Novedades sobre la dependencia y la discapacidad en la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, Crónica Tributaria, n º 129, 2008.
[13] Grados de dependencia.
  • La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados:
  • a) Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
  • b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
  • c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
  • Los intervalos para la determinación de los grados se establecerán en el baremo al que se refiere el artículo siguiente.
[14]  Prohibición de la analogía.
No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales.
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Domingo Carbajo Vasco

Domingo Carbajo Vasco

Domingo Carbajo Vasco es Inspector de Hacienda del Estado, Economista, Abogado y Profesor en diferentes instituciones y escuelas. Posee experiencia internacional, en asuntos europeos, Twinnings y otras materias de consultoría fiscal y financiera.

5 thoughts on “Dependencia y discapacidad en el IRPF. Algunas reflexiones

  1. Una duda que me surge se pueden tener las dos cosas. Tanto grado de discapacidad como dependencia?. De ser asi imagino que hay que pedir para ello cita y tambien comentar si una persona no puede ir a los reconocimientos medicos que se tienen que realizar para la discapacidad, se pueden transladar los medicos a donde esta el paciente ya que esta en una residencia?. Gracias por todo y saludos

  2. Hace falta tener poca SENSIBILIDAD SOCIAL por no decir otra cosa, para no considerar que una persona que tiene 89 AÑOS Y YA RECONOCIDA OFICIALMENTE, UNA GRAN DEPENDENCIA GRADO III,( DESPUÉS DE VARIOS AÑOS, moviendo papeles, informes médicos etc.), el máximo posible a valorar, no sirva para considerarla DISCAPACITADA, y me digan que tiene que TENER, TAMBIÉN RECONOCIDO GRADO DE DISCAPACIDAD-MINUSVALÍA y esperar otros DOS O TRES AÑOS MÁS, PARA QUE ENTRE SOLICITUD Y NUEVA VALORACIÓN, Y PUDIERAN RECONOCERLE UNA MINUSVALÍA Y EL GRADO DE LA MISMA, SEGURAMENTE QUE UNA PERSONA QUE TIENE QUE, SER ATENDIDA EN TODAS SUS ACTIVIDADES, VITALES DIARIAS, SERÁ «SOLO DEPENDIENTE» Y POR LO TANTO NO CUMPLE, LOS REQUISITOS SEGÚN LA AGENCIA TRIBUTARIA, para poder optar a alguna desgravación, que le pudiera corrresponder, en el IRPF, ES UNA VERGUENZA. QUIZAS ALGÚN POLÍTICO/A, QUE PUEDE CAMBIAR ESTA LEY TAN INJUSTA, Y QUE TENGA A UN FAMILIAR EN ESTA SITUACIÓN, LO PUEDIERA LLEGAR A ENTENDER.

  3. IRTPF: Tengo reconocido por la Comunidad de Madrid un grado de discapacidad de 68 y baremo de movilidad Positivo 7-si existe dificultad y en la venta de mi vivienda he tenido un incremento patrimonial que Hacienda me ha señalado que no puedo desgravar. Agradeceria su comentario, saludos M. Fuentes Alvaro

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