Los problemas que plantea la deducción por la compra de vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta

Deducción por la compra de vivienda habitual

Una de las medidas de mayor alcance social, económico y político que la crisis económica provocó en nuestro sistema tributario fue la supresión de la deducción por la compra de vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF).

La derogación de esta deducción tuvo efectos desde el 1 de enero de 2013[1], pero se mantiene transitoriamente para aquellos contribuyentes que hubieran adquirido la vivienda habitual con anterioridad a la citada fecha o que hubieran satisfecho cantidades para la construcción de la vivienda con anterioridad a esa fecha también.

Todo ello conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria decimoctava de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF (en adelante, IRPF)[2].

La deducción por la compra de vivienda habitual en sus diversas modalidades (adquisición, aportaciones a cuenta-vivienda, aportaciones para la construcción de nuevas viviendas habituales, reforma de viviendas para su adaptación a contribuyentes discapacitados, etc.) había sido una constante de nuestro IRPF desde la Reforma de 1978, justificada, legalmente hablando, por lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución Española[3] e incorporada mediante un beneficio fiscal consistente en un crédito de impuesto, deducción en la cuota, conforme a lo establecido en el artículo 2.1, segundo párrafo, de la norma básica del Ordenamiento Tributario, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria[4] .

Sin embargo, la citada deducción ha sido un auténtico cáncer de la Política Fiscal española por varias causas:

  • dañó la neutralidad a la hora de decidir dónde los españoles tenían que invertir sus ahorros
  • fue una de la responsable de la burbuja inmobiliaria que hemos padecido
  • tuvo un enorme coste recaudatorio
  • se capitalizó, es decir, el beneficio fiscal no lo recibía al final el contribuyente que declaraba la compra de vivienda habitual en su autoliquidación del IRPF, sino generalmente la entidad de crédito que otorgaba el préstamo hipotecario, con el argumento de que “parte” de los costes de este crédito los pagaba la Hacienda Pública española.

Hoy, en un mercado financiero totalmente distinto al de finales de la década de los 90 del siglo pasado y principios del siglo XXI, con tipos de interés cero o negativos, con préstamos hipotecarios muy restrictivos, lo que conlleva que la mayoría de las viviendas se adquieran sin financiación ajena y con tipos de crédito hipotecario fijo, no somos conscientes de cómo ese incentivo se integró en la mecánica tradicional de compra de vivienda, el bien de consumo duradero más relevante para el español medio, sirviendo para que el sistema bancario (una vez más) recibiera unos beneficios que, teóricamente, iban a ser gozados por la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Impacto de la deducción por la compra de vivienda habitual

Sin embargo, en vez de tomar la decisión de suprimir de una vez por todas esta deducción, se optó por mantener su vigencia para las adquisiciones anteriores al 1 de enero de 2013, bajo el argumento insostenible de los derechos adquiridos, no reconocido en nuestra Constitución, pues el artículo 9.3 nada dice al respecto y negado explícitamente por la doctrina del Tribunal Constitucional[5].

De esta forma, dado que el ciclo de un crédito hipotecario tiene una media de 15 años y puede extenderse hasta 40, resulta que el impacto de esta deducción en la cuota sigue siendo muy relevante en el IRPF.

Pero es más, no podemos olvidar que esta deducción común del impuesto se divide al 50% entre el Estado Central y las Comunidades Autónomas y, por si esto fuera poco, algunas Comunidades Autónomas (afectadas del virus del populismo) incrementaron el porcentaje general de deducción en la cuota que era del 15%, por lo que el daño de la deducción en la estructura del IRPF también se extendió a los Presupuestos de las Comunidades Autónomas.

De esta forma, si atendemos a los datos acerca de su importancia en las declaraciones-liquidaciones del IRPF, resulta que, en 2014 (declaración-liquidación del 2015), los datos más relevantes de esta deducción fueron los siguientes:

Estatal

  • Número de declarantes: 4.620.797, el 23,87% del total de las declaraciones-liquidaciones del IRPF, 19.359.020.
  • Cuantía deducida: 1.566.592.383 euros, con una media de 339,03 euros por declarante[6].

Comunidades Autónomas

  • Número de declarantes: 4.619.443 declaraciones.
  • Cuantía deducida: 1.599.360.680 euros, con una media de 346,82 euros[7].

Y la situación no va a mejorar próximamente, ya que el Presupuesto de Beneficios Fiscales del Estado para el ejercicio 2016[8] prevé (solo para el Estado Central) que 3.921.052 obligados tributarios van a seguir aplicándose tal deducción con un coste total de 1.241,5 millones de euros.

Además, basta con leer las consultas de la Dirección General de Tributos o las del programa INFORMA de la Agencia Tributaria[9] para comprobar que esta deducción sigue generando debates doctrinales relevantes.

En suma, como todo intento de salvaguardar “derechos adquiridos” inexistentes, la generación de normas transitorias conlleva una de las cuestiones de interpretación más complejas en el Derecho Tributario.

Referencias

[1]  La medida fue incorporada a la legislación del IRPF por el apartado nueve del artículo 1 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica («B.O.E.» 28 diciembre). Disposición transitoria decimoctava Deducción por inversión en vivienda habitual:

  1. Podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en los términos previstos en el apartado 2 de esta disposición:

a) Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 1 de enero de 2013 o satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma.

b) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2013 por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, siempre que las citadas obras estén terminadas antes de 1 de enero de 2017.

c) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades para la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad con anterioridad a 1 de enero de 2013 siempre y cuando las citadas obras o instalaciones estén concluidas antes de 1 de enero de 2017.

En todo caso, resultará necesario que el contribuyente hubiera practicado la deducción por inversión en vivienda habitual en relación con las cantidades satisfechas para la adquisición o construcción de dicha vivienda en un período impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero de 2013, salvo que hubiera resultado de aplicación lo dispuesto en el artículo 68.1.2.ª de esta Ley en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012.

  1. La deducción por inversión en vivienda habitual se aplicará conforme a lo dispuesto en los artículos 67.1, 68.1, 70.1, 77.1, y 78 de la Ley del Impuesto, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de los porcentajes de deducción que conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2009 hayan sido aprobados por la Comunidad Autónoma.
  1. Los contribuyentes que por aplicación de lo establecido en esta disposición ejerciten el derecho a la deducción estarán obligados, en todo caso, a presentar declaración por este Impuesto y el importe de la deducción así calculada minorará el importe de la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica del Impuesto a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 69 de esta Ley.
  1. Los contribuyentes que con anterioridad a 1 de enero de 2013 hubieran depositado cantidades en cuentas vivienda destinadas a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, siempre que en dicha fecha no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años desde la apertura de la cuenta, podrán sumar a la cuota líquida estatal y a la cuota líquida autonómica devengadas en el ejercicio 2012 las deducciones practicadas hasta el ejercicio 2011, sin intereses de demora.

[3] Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

[4] Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.

[5] La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y, evidentemente, las disposiciones tributarias no tienen carácter sancionador.

[6] Estadísticas de los declarantes de IRPF.

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Domingo Carbajo Vasco

Domingo Carbajo Vasco

Domingo Carbajo Vasco es Inspector de Hacienda del Estado, Economista, Abogado y Profesor en diferentes instituciones y escuelas. Posee experiencia internacional, en asuntos europeos, Twinnings y otras materias de consultoría fiscal y financiera.

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