Decisión de la Comisión sobre ayudas de Estado a Irlanda (SA, 38373)

El 30 de agosto, una declaración de la comisaria Vestager anunció la esperada decisión de la Comisión sobre ayudas de Estado relativa a Apple, en cuya virtud se ordena a la citada compañía que reintegre al fisco irlandés la bonita suma de 13000 millones de euros, algo así como la recaudación anual del Impuesto sobre Sociedades español en tiempos de crisis.

Los hechos son sencillos. Dos entidades del grupo Apple (Apple Sales International y Apple Operations Europe), constituidas en Irlanda, tenían a su cargo la venta de productos en toda Europa, Oriente Medio, África e India, de manera tal que las ventas y los beneficios inherentes se registraban en su contabilidad, pero estos beneficios apenas tributaban en Irlanda, por cuanto mediante un acuerdo previo en materia de precios de transferencia (ruling) eran imputados, a efectos fiscales, a dos entidades, denominadas head-office, no residentes en Irlanda (Stateless companies) las cuales, además de no contar con medios humanos y materiales que justificaran tal imputación, no tributaron ante jurisdicción alguna por dichos beneficios.

En los hechos descritos se atisban dos irregularidades:

  • La imputación de las operaciones de ventas de los productos Apple a las dos entidades irlandesas cuando, tal vez, hubieran debido ser imputadas a las estructuras comerciales de Apple en los países en los que se realizaba la entrega de los productos.
  • La imputación de una parte muy sustancial, a efectos fiscales, de los beneficios de la venta de los productos Apple a dos entidades fantasmagóricas, mediante un acuerdo (ruling) con la jurisdicción fiscal irlandesa.

Las dos irregularidades señaladas tomarán carta de naturaleza, o no, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie respecto del recurso anunciado por la autoridad fiscal irlandesa.

La decisión de la Comisión ha sido amplia y negativamente criticada no solo por las partes directamente afectadas, esto es, el grupo Apple e Irlanda, sino también por el Tesoro de los Estados Unidos de América del Norte, el cual venía siguiendo atentamente el expediente Apple, como así lo demuestra el informe titulado The European Commission´s Recent Aid Investigation of Transfer Pricing Ruling (Agosto de 2016), en el que se efectúa una crítica radical de la posición de la Comisión, consistente en calificar como ayudas de Estado los acuerdos previos en materia de precios de transferencia que violenten el principio de libre competencia. Acusa el Tesoro a la Comisión de aplicar en tal investigación criterios distintos a los contenidos en la Guía de Precios de Transferencia de la OCDE, lo que vendría a poner en cuestión el consenso internacional en esta materia.

No parece probable que la Comisión se lance a una carrera de revisión de los ruling en materia de precios de transferencia, dando la espalda, ni muchos menos contradiciendo abiertamente, al principio de libre competencia tal y como se desarrolla en la referida Guía, máxime cuando dicho principio hunde sus raíces en el principio de igualdad como así también lo hace la regulación de las ayudas de Estado del artículo 107 del TFUE.

Se notará que la decisión de la Comisión convoca a otros actores, aparte de los ya mencionados. Así, todas las jurisdicciones fiscales en las que Apple ha realizado entregas de productos mediante contratos de compraventa registrados en las dos compañías irlandesas, se preguntarán si alguna parte del beneficio correlativo debe tributar a ellas.

En este sentido, la Comisión indica que el importe pagado a esas jurisdicciones reducirá el montante debido a la jurisdicción fiscal irlandesa. Con esta hábil estrategia, la Comisión salva el problema del exceso de imposición pero, al tiempo, debilita el fundamento de la ayuda de Estado pues, en efecto, pudiera acontecer que tras todos los ajustes de las distintas jurisdicciones fiscales, la jurisdicción fiscal irlandesa hubiera percibido el impuesto pertinente de acuerdo con el principio de libre competencia, en los términos establecidos por el ruling, en cuyo caso Irlanda no habría concedido una ayuda de Estado, sino que habría actuado a modo de potente palanca de una trama de evasión fiscal, muy mal avenida con el principio de cooperación leal del artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea.

El drama no acaba con la decisión de la Comisión. Si las correspondientes sentencias de los tribunales de justicia sancionan las irregularidades fiscales que parecen desprenderse de la investigación de la Comisión, no solo se estará ante un caso de ayuda de Estado, sino ante un ejemplo de maridaje vergonzante entre la planificación fiscal agresiva y la competencia fiscal perjudicial.

El presidente del eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, seguramente cabalgando sobre la opinión pública, ha sido contundente:

Mi mensaje a esas empresas es que están en la batalla equivocada. Tienen que adaptarse. Los tiempos están cambiando…Tienen que pagar sus impuestos de manera justa. Una parte en EEUU, una parte en Europa. Prepárense para hacerlo …

(Expansión, 12/09/2016)

Los tribunales de justicia tienen la última palabra.

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Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.

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