Aprobada la Directiva antiabuso de la Unión Europea

Análisis de la nueva directiva antiabuso de la Unión Europea

En el Diario Oficial de la Unión Europea, de 19 de julio de 2016, se ha publicado la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.

Apenas transcurrido medio año desde que la Comisión formuló, en uso del denominado privilegio de iniciativa, la propuesta de directiva antiabuso de la Unión Europea, dicha iniciativa ha fructificado, si bien con ciertas modificaciones, señaladamente en el ámbito de la transparencia fiscal internacional.

Una rápida visita a la historia de la armonización en materia de fiscalidad directa, permite concluir que la Comisión, seguramente nadando a favor de corriente, se ha apuntado un importante tanto.

En efecto, las medidas que se contienen en dicha directiva antiabuso de la Unión Europea son muy sensibles y, en su conjunto, implican un avance relevante en orden a establecer una base imponible común para el impuesto sobre los beneficios de las empresas.

Medidas de la directiva antiabuso de la Unión Europea

Las aludidas medidas son las siguientes:

  • Norma relativa a la limitación de los intereses (Artículo 4).
  • Imposición de salida (Artículo 5).
  • Norma general contra las prácticas abusivas (Artículo 6).
  • Normas relativas a las sociedades extranjeras controladas (Artículos 7 y 8).
  • Asimetrías híbridas (Artículo 9).

En las consideraciones preliminares, el legislador comunitario pone de relieve la relación entre la directiva y los informes finales del proyecto BEPS de la OCDE. En este sentido, la directiva sirve al propósito de garantizar el pago del impuesto allí donde se generen los beneficios y el valor.

No obstante, la directiva aborda materias que no han sido objeto del proyecto BEPS, como es el caso de la imposición de salida y de la norma general contra las prácticas abusivas, si bien no abarca todas las que han sido objeto de dicho proyecto.

Por otra parte, como es bien sabido, el valor jurídico de las directivas es diferente, y más intenso, que el de los informes fiscales de la OCDE, aun cuando el valor político de los que constituyen estándares mínimos pueda parangonarse a las directivas.

Ahora bien, sucede que las materias de la directiva que coinciden con las del proyecto BEPS no tienen en este último la consideración de estándares mínimos, sino de metodologías comunes o mejores prácticas, cuyo valor político es inferior al de aquellos, pues los Estados no adquieren un compromiso de adoptar las recomendaciones que en los mismos se contienen.

Por todo ello, además de por los contenidos propiamente dichos, no se puede sostener que hubiera sido posible, en el contexto de la Unión Europea, alcanzar el mismo resultado, o similar, mediante el sólo influjo del proyecto BEPS.

Transparencia fiscal internacional

Una vez vertidos los parabienes que, sin duda, amerita la nueva directiva, es también cierto que el análisis detallado de su contenido rebaja bastante el entusiasmo inicial.

La norma limitativa de la deducción de intereses, construida sobre el 30% del ebitda fiscal, provoca doble imposición, al tiempo que golpea indebidamente a las entidades con escasa capacidad de generación de resultado de explotación. Esta notable imperfección puede superarse a través del ratio de grupo y de la consecuente exoneración de las empresas aisladas, pero la directiva, aun cuando prevé las dos medidas, les confiere el valor de opción a ejercitar por los Estados miembros.

Con todo, la mera regulación del ratio de grupo suscita la esperanza de que el legislador español reflexione acerca de la pertinencia de su adopción.

La norma relativa a la transparencia fiscal internacional se proyecta sobre un conjunto amplio de rentas, de manera tal que, bajo esa perspectiva, podría calificarse de potente y, por ende, eficaz en la consecución del objetivo de recuperar rentas indebidamente desviadas hacia entidades constituidas en paraísos fiscales o zonas de baja tributación.

Si se recuerda la aversión que Holanda, Bélgica, Luxemburgo, e Irlanda han venido manteniendo hacia la transparencia fiscal internacional en los foros internacionales, como así se desprende de los Comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE, pudiera llegarse a la conclusión de que la presión política de la instancias comunitarias ha desbaratado sus posiciones pero, tal vez, se alcanzaría un juicio más certero si se repara en que las cláusulas de exoneración potestativas contenidas en la directiva confieren a los Estados miembros una baza decisiva para adoptar un perfil singularmente bajo.

Por el contrario, la regulación de las asimetrías híbridas es completa y tajante si bien no contiene, a diferencia del proyecto BEPS, la denominada respuesta secundaria o defensiva.

El saldo de la nueva directiva es positivo, por cuanto los Estados miembros de la UE han, cuando menos, reconocido la legitimidad de un conjunto de normas antiabuso, señaladamente la relativa a la transparencia fiscal internacional.

ComparteShare on Facebook0Share on Google+3Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn44
Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea

Eduardo Sanz Gadea es Licenciado en Derecho y en Economía.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *