Los Presupuestos Generales del Estado para 2018

Presupuestos Generales del Estado para 2018

El pasado martes 3 de abril, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función pública, presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Esta ley, la más importante de cada año, iniciaba de esta forma su camino en la sede parlamentaria y si se aprueba, está prevista su entrada en vigor para el próximo mes de junio.

Aunque aún no es posible tener todos los detalles, debido precisamente a que estamos ante un proyecto que puede sufrir modificaciones, sí que las líneas maestras coincidirán con las previstas, por lo que es posible esbozar una primera opinión ante los mismos, pero para ello, conviene conocer previamente los aspectos más importantes que se recogen en ellos.

La primera cuestión a tener en cuenta es el escenario macroeconómico previsto para el año; lógicamente, la evolución económica condiciona el montante de algunas de las partidas presupuestarias (por ejemplo, la recaudación impositiva y las prestaciones por desempleo por citar tan sólo dos de ellas).

Desde este punto de vista, las previsiones gubernamentales son que la economía española crecerá un 2,7% en 2018, situándose el PIB nominal en el 4,3%, tres décimas por encima del crecimiento de 2017; además se prevé que el año 2018 se cerrará con una tasa de desempleo del 15,5% tras crear entre 450.000 y 500.000 empleos. De esta forma, el buen contexto económico español e internacional permitirá continuar la reducción del déficit público hasta el 2,2%, del PIB en línea con lo exigido por Bruselas.

Ante estos datos, un primer aspecto a considerar es si estas previsiones son o no “creíbles”. Tomando el punto de vista de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), podríamos decir que este escenario macroeconómico del gobierno es prudente en su conjunto, además las cifran recogidas parecen verosímiles y están en línea con las manejadas por los principales analistas e institutos que siguen la economía española.

Otra cuestión diferente si con estas previsiones se podrá alcanzar el objetivo de reducir el déficit hasta el 2,2% del PIB, algo que parece más complicado, ya que implica un fuerte nivel de exigencia, pues supone reducir su nivel casi un punto porcentual del PIB (desde el 3,1% de 2017), para lo que se cuenta con un aumento de los gastos claramente inferior al de los ingresos

Si entramos ya en algunos detalles de las cuentas públicas presentadas en el Parlamento, en términos generales, el presupuesto consolidado de gastos ascenderá en 2018 a 451.119 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,5% respecto a las cuentas de 2017. Sin tener en cuenta las operaciones de carácter financiero, el gasto se queda en 327.955 euros, un 3% más que en el PGE anterior.

Respecto a los ingresos, la previsión es que el total de ingresos consolidados sea de 293.200 millones de euros (un 4,6% más que en 2017), mientras que los de carácter tributario ascienden a 210.015 millones, lo que supone un 6% más. Esta mejoría corresponde a un incremento del 6,5% en la recaudación del IRPF, el 4,8% en el impuesto de sociedades y el 5,6% en el IVA.

Datos significativos de los Presupuestos Generales del Estado para 2018

Algunos datos significativos de estos presupuestos son los siguientes:

  • La partida más relevante de los gastos, desde el punto de vista cuantitativo (representan el 40,9% del total), son las pensiones, que en los PGE para 2018 registran un incremento del 3,7% respecto al ejercicio anterior hasta situarse en los 144.834 millones. Concretamente, suben el 3% para pensiones mínimas y no contributivas, el 2% para viudedad, el 1,5% para rentas de hasta 9.800 euros anuales y del 1% para pensiones entre 9.800 y 12.040 euros anuales. Para el resto de pensionistas los PGE 2018 incorporan la revalorización garantizada por el propio sistema de pensiones, que será del 0,25% en 2018. El Presupuesto de la Seguridad Social para 2018 incluye, a la vista de su situación financiera, un préstamo del Estado por importe de 15.164 millones de euros para garantizar que el sistema pueda cumplir con el pago de prestaciones.
  • En cuanto a los pagos de sueldos a los funcionarios, aumenta en 600 millones la partida destinada al gasto en retribuciones a la función pública, tanto por la subida salarial del 1,75% a los empleados públicos como por la equiparación de sueldos de las fuerzas de seguridad. Además, los presupuestos incorporan un sistema de actualización de las retribuciones para este año y los dos siguientes que incluye un incremento fijo y una parte adicional vinculada al crecimiento del PIB.
  • Por otra parte, la mejora del mercado de trabajo lleva consigo que la partida destinada a pagar las prestaciones por desempleo descienda nuevamente, en un 3,4% hasta los 17.702 millones de euros, lo que contrasta con el aumento del importe destinado a políticas activas de empleo (3,9% más que en 2017), al crecer las partidas destinadas a financiar bonificaciones a la contratación, a la formación profesional para el empleo y oportunidades de empleo.
  • Finalmente, entre las partidas de gasto social (que representan el 55,6% de los presupuestos), el gasto educativo crece un 3% y el sanitario un 3,9%.
  • Respecto a las inversiones, la política de infraestructuras contará con un presupuesto (incluidas las del sector público empresarial) cuyo importe experimenta un importante aumento respecto a lo presupuestado para 2017 (13,5%). Cuatro comunidades concentrarán casi la mitad de las inversiones previstas: Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Galicia. Por otro lado, casi la mitad de los recursos se destinará a ferrocarril, con el foco puesto tanto en la alta velocidad como en la red convencional, lo que explica que entre las comunidades con más inversión se sitúen Castilla y León y Galicia, pues el objetivo es terminar la línea de alta velocidad a esta última comunidad en 2019.
  • Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 prevén que la deuda pública de España volverá a bajar y lo hará hasta el 97% del PIB, desde el 98,3% de un año antes, mientras que el gasto por el pago de intereses de la deuda caerá el 1,9%, hasta 31.547 millones de euros (un 2,6% del PIB). De este modo, la deuda del conjunto de las administraciones públicas quedará por debajo del objetivo asumido en el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se estableció el techo de gasto para 2018, que lo situó en el 97,6%.
  • Desde el punto de vista de los ingresos, aparecen algunas modificaciones en los impuestos más importantes. En el IRPF, se eleva el umbral de tributación desde los 12.000 euros actuales hasta los 14.000, se rebaja el impuesto para los salarios brutos entre 14.000 y 18.000 euros, aparecen nuevas deducciones generales o aumentan algunas de las existentes, como la existente por cada hijo que supere el mínimo establecido para las familias numerosas y la ayuda de guardería que permitirá la deducción de hasta un máximo de 1.000 euros por año para las madres trabajadoras por gastos de guardería de niños entre cero y tres años. En el caso del IVA, se reduce el tipo impositivo para el cine del 21% al 10%,

Más allá de todos los datos anteriores (y a expensas de lo que finalmente resulte del trámite parlamentario), nos encontramos con que, siguiendo la estrategia marcada por el Programa de Estabilidad 2017/2020, en los últimos años se ha seguido la tendencia de reducir el peso sobre el PIB tanto del gasto público, como de los ingresos, para conseguir así reducir el déficit público y el saldo de la deuda pública. La cuestión a la que hay que responder, por lo tanto, es si esa estrategia es o no adecuada y si estamos de acuerdo o no con ella.

Evidentemente, no es algo fácil de responder ni, como siempre, es posible afirmar que exista una respuesta completamente “correcta” ya que, además de otros muchos aspectos, dicha respuesta está muy condicionada con la visión “política” que cada uno tiene. Por otro lado, está claro que, por supuesto, cualquier respuesta debe considerar como elementos clave que es necesario garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es preciso acentuar la lucha contra el fraude y la economía sumergida y que siempre debe estarse realizando un esfuerzo por usar de manera eficiente los recursos públicos.

Dando por supuestos dichos elementos, en el fondo de lo que se trata es de decidir con qué postura nos encontramos más de acuerdo ¿queremos un sector público más presente en la actividad económica o no?, ¿cuál debe ser el sentido de su intervención? Pero además, siguen existiendo otras muchas preguntas que hay que resolver que también están condicionadas por nuestra visión de las cosas y nuestra forma de pensar.

Por citar sólo dos de ellas que están muy de actualidad: ¿cuál es el modelo de financiación autonómica que de verdad se quiere aplicar? (en otras palabras y simplificando mucho el tema, ¿estamos o no dispuestos a aceptar que en cada comunidad autónoma se establezcan diferentes niveles de impuestos para sostener distintas opciones en los niveles y los tipos de gastos públicos?); ¿qué modelo de seguridad social y de sistema de pensiones queremos? (todos sabemos que el actual sistema de reparto está en dificultades dada la evolución demográfica y la situación del mercado de trabajo ¿habría que modificar este sistema? ¿en qué sentido? ¿qué implica para nuestro bolsillo y para la economía en su conjunto cada una de las posibles opciones?).

Estos dos (por sólo recoger algunos de los más actuales), junto con otros menos comentados en estos días, son realmente los aspectos sobre los que tenemos que reflexionar y sobre los que tenemos que tomar una decisión, pues los presupuestos no son sino la expresión de nuestros puntos de vista y lo que decidamos en el presente, no sólo va a influir en la realidad de hoy, sino en la del futuro.

Carmen López

Carmen López

Profesora de la Universidad Loyola Andalucía. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) y Doctora en Ciencias Empresariales por la Universidad de Córdoba, procede de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) donde ha impartido clases en asignaturas vinculadas al área de economía. Ha sido Secretaria y, posteriormente, Directora del Departamento de Economía General, Ciencias Jurídicas y Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA), centro adscrito a la Universidad de Córdoba y editora de la Revista de Fomento Social, publicada por la Universidad Loyola Andalucía. Actualmente, junto a su labor docente y de investigación, es la Defensora del universitario de la Universidad Loyola Andalucía. Sus líneas de investigación se han centrado en temas relacionados con la Economía financiera (Unión Monetaria, la política monetaria y los mercados financieros), la Economía regional (especialmente cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, la actividad de las comunidades autónomas españolas y los niveles de desigualdad y desarrollo) y la economía social y la innovación social.

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