Política ambiental

Política ambiental de la Unión Europea

De acuerdo con el Eurobarómetro 416, de 2014, un 95% de la ciudadanía Europea otorga mucha o bastante  importancia a la protección del medio ambiente, siendo los países donde menor ese ese porcentaje del 91% (Rumania, Polonia y Austria).

La importancia que se le da al medio ambiente es debida a que más del 77% de la ciudadanía considera que el medio ambiente tiene efectos sobre su vida diaria. Los problemas más acuciantes que se identifican son la contaminación atmosférica y de las aguas así como el impacto sobre la salud que los productos químicos que se encuentran en los productos que usamos tienen sobre la salud. Además un 60% de los ciudadanos consideran que el medio ambiente es un tema que debería ser tratado a nivel comunitario, y solo en cinco países se ve como más eficiente la gestión nacional de los problemas ambientales.

Política ambiental en la Unión Europea

En consonancia con este estado de opinión, la política ambiental ha sido un tema recurrente en el proceso de integración Europea el Consejo Europeo celebrado en París en 1972, en el que los Jefes de Estado y de Gobierno (tras la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente) reconocieron la necesidad de establecer una política comunitaria en materia de medio ambiente que acompañara la expansión económica y pidieron un programa de acción.

El primer fundamento jurídico se estableció mediante la introducción en el Acta Única Europea de 1987 de un nuevo título sobre medio ambiente, con el objetivo de preservar la calidad del medio ambiente, proteger la salud humana y garantizar un uso racional de los recursos naturales. 

En posteriores revisiones de los Tratados se reforzó el compromiso de la Comunidad con la protección del medio ambiente y el papel del Parlamento Europeo en su desarrollo. Con el Tratado de Maastricht (1993), el ámbito medioambiental se convirtió en un ámbito político oficial de la Unión, se introdujo el procedimiento de codecisión y la votación por mayoría cualificada pasó a ser la norma general en el Consejo.

El Tratado de Ámsterdam (1999) estableció la obligación de integrar la protección medioambiental en todas las políticas sectoriales de la Unión con miras a promover el desarrollo sostenible. La «lucha contra el cambio climático» pasó a ser un objetivo específico con el Tratado de Lisboa (2009), al igual que el desarrollo sostenible en las relaciones con países terceros. Ahora, su personalidad jurídica permite a la Unión celebrar acuerdos internacionales.

La política ambiental, en la actualidad, de estructura en torno a una serie de políticas específicas y un esfuerzo de integración de consideraciones ambientales (greening o verdeo) de otras políticas. Entre las primeras cabe destacar la política de calidad del aire, la de biodiversidad, la de ruido, la de residuos o la de compras públicas verdes. La integración de los aspectos ambientales en otras políticas es especialmente importante en áreas como la agricultura, la política de cohesión o la política forestal.

Como caso aparte se encuentra la política de cambio climático que desde Febrero de 2010 cuenta con su propio Comisario (en la actualidad el español Miguel Ángel Arias Cañete) y una Dirección General específica (DG CLIMA). En este ámbito la Unión Europea fue una de las partes del Protocolo de Kyoto y en la actualidad es la firmante del Acuerdo de Paris con un compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 40% en 2030 ,con respecto a los niveles del 1990 y una aspiración de llegar a una reducción del 60% en 204o y del 80% en 2050, dentro de una trayectoria hacia una economía baja en carbono.

La política de medio ambiente también destaca por haber sido precursora en la transparencia hacia la población del proceso de toma de decisiones. Desde 1995, la Convención de Aarhus establecía el derecho de los ciudadanos a recibir toda la información ambiental que estuviera en poder de los estados, tomar parte en la toma de decisiones y ser capaces de poder llevar ante los tribunales cualquier decisión que se hubiera tomado sin respetar estos principios. Esta convención ha sido utilizada, por ejemplo, para saber dónde se localizan las parcelas de cultivo donde se están desarrollando los ensayos de liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente.

Por último, cabe destacar que la Unión Europea no sólo legisla sino que también dedica una parte importante de su presupuesto para temas relacionados con el crecimiento sostenible y los recursos naturales. Para el periodo 2014-2020 en Marco financiero Plurianual  el 41% del presupuesto de la Unió fue dedicado a estos temas, aunque si le restamos los pagos directos a los agricultores, el gasto en medio ambiente se reduce al 11%.

Dejo a juicio del lector de este blog concluir si ese 30% del presupuesto dedicado a pagos directos a los agricultores es realmente beneficioso para el medio ambiente.  Seguramente tendrá una opinión más informada tras leer la futura entrada sobre la Unión Europea y la PAC que mi compañera María Espinosa publicará en Junio.

Jesús Barreiro-Hurle

Jesús Barreiro-Hurle

Profesor asociado. Economista Agrario por la Universidad Autónoma de Madrid (1993) y Doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza (1998). Ha trabajado dentro del sistema nacional de investigación agraria tanto en el CITA-Aragón (durante la realización de sus tesis doctoral) como en el IFAPA-Junta de Andalucía (como investigador post-doctoral) y como profesor Ayudante de las Universidades Pública de Navarra y Valladolid en sus Escuelas Superiores de Ingeniería Agromómica. Ene l ámbito internacional como funcionario de la Comisión Europea trabajó en el Departamento de Industria en temas de cambio climático y en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) desarrollando un sistema de seguimiento de políticas en África. Ha publicado más de 40 artículos en revista con evaluación por pares incluyendo trabajos en Agricultural Economics, Journal of Agricultural Economics, Food Policy o Environmental and Resource Economics. Es editor asociado de la revista Spanish Journal of Agricultural Research, miembro del comité de redacción de Economia Agraia y Recursos Naturales (EARN) y Miembro del Comité Asesor del programa de estudios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Actualmente es funcionario de la Comisión Europea destinado en la Unidad de Análisis Económico de la Agricultura del Centro Común de Investigación en Sevilla.

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