Economía Española: balance 2017 y perspectivas 2018/2020

Balance 2017 de la economía española y perspectivas 2018-2020.

La economía española finaliza este ejercicio superando globalmente las expectativas, pero necesitada de un urgente impulso reformista. Analicemos estas cuestiones de forma detenida, bajo la proyección de más crecimiento con empleo y estabilidad, sin olvidarnos del campo de las desigualdades y de su necesaria reducción.

Economía española: balance 2017

1. El activo de este balance

El crecimiento del PIB se estima alcance el 3,1 por ciento (3,3 por ciento en 2016) y la tasa de paro estimada se espera que sea del 15,8 por ciento de la población activa (2,8 puntos menos que en 2016). Dos registros positivos, muy positivos, para nuestra economía. El índice de precios al consumo se estima que alcance el 1,9 por ciento, por debajo de la zona intermedia del 2 por ciento, referida al entorno de la Unión Europea.

Estas cifras apenas se resienten de los efectos del 1-O, por el momento.  Los índices predictores de actividad, se orientan hacia el alza en el IVT/2017. El número de afiliados a la construcción se incrementará a tasas anuales de cerca del 6 por ciento. La industria también genera tasas de empleo elevadas en tiempos de robotización. Sin embargo, da señales de debilitamiento como lo demuestra la caída de las ventas minoristas y el índice de confianza de los consumidores.

El turismo se mantiene como una de las locomotoras del crecimiento. El sector exterior presenta un buen comportamiento, puesto que las exportaciones españolas han aprovechado el tirón de la economía europea (crecimiento del 5,2 por ciento). Los pasivos de las AA.PP. se han situado en el IIIT/2017 en el 98,7 del PIB, un solo punto por debajo del año anterior. Pequeña mejoría, pero insuficiente, pues como es previsible los vientos de cola favorables provenientes del BCE se están terminando. Finalmente, el empleo (puestos de trabajo equivalentes) se estima que crezca al 2,9 por ciento (3,0 por ciento en 2016).

2. El pasivo de este balance.

En el pasivo de la economía española hay que poner sobre la mesa aspectos fundamentales tales como: los desequilibrios presupuestarios (crónicos, en nuestro caso). El déficit de las cuentas de la seguridad social (a finales de octubre pasado este fondo disponía solamente de 8.000 millones de euros, frente a los 66.000 millones de euros/2011). La revalorización de las pensiones ha sido de un 0,25 por ciento, menor que la inflación, provocando una pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas.

La inversión en I+D+i sigue insuficiente, por debajo de los países de nuestro entorno. El sector de la ciencia está bajo mínimos. Y la precariedad laboral en aumento y los salarios por debajo de la media europea, son también, entre otros aspectos, parte fundamental de este pasivo macroeconómico. Otro ámbito del análisis económico se refiere a Cataluña. Se estima que la incertidumbre provocada por la situación política en Cataluña, pueda minonar el crecimiento del PIB entre un 2,0/2,5 por ciento en el bienio 2018/2019.

Con todo ello estamos ante un ejercicio económico positivo aunque insuficiente, que necesitará en el corto plazo, 2018/2020, avanzar en cuestiones vitales para el futuro de España, tales como la educación y la ciencia, la calidad del empleo, el aumento de los salarios, la innovación tecnológica y empresarial, los problemas de desertificación/desertización (la España vacía), la revolución tecnológica 4.0 y la corrección de las desigualdades, entre otras.

Perspectivas 2018/2020 de la economía española

A tenor del balance macroeconómico de la economía española para 2017 podemos concluir que las perspectivas de medio plazo siguen siendo favorables, todo ello pese a que los vientos de cola que han ayudado al crecimiento económico de España se van a diluir, proporcionando un menor soporte a la actividad de crecimiento.

En este contexto hay que añadir la evolución de la incertidumbre política en torno a Cataluña que condiciona, también y desde otro punto de vista, la evolución de la economía española. Pero con todos estos ingredientes, tras el proyectado crecimiento del 3,1 por ciento en 2017, el PIB podría desacelerarse hasta el 2,4 por ciento en 2018 (2,3 por ciento, última estimación del BE), y el 2,1 por ciento en los años siguientes 2019/2020. El BE también estima el coste de la crisis catalana en una caída de 30.000 mil millones de euros del PIB.

En el ámbito de la inflación se espera una ralentización del IPC en 2018, en un entorno del 1,5/1,7 por ciento en el promedio del trienio. La tendencia alcista del precio del petróleo a partir de 2016/2017 se irá diluyendo en los próximos meses, pero especialmente a partir de 2019. Los tipos de interés a largo plazo (1,6 por ciento en 2017) se mantendrán en 2018, con tendencia al aumento en 2019/2020.

El crecimiento del empleo se desacelerará a lo largo del próximo trienio, pasando del 2,9 por ciento en 2017 al 2,3 por ciento en 2018 y a un entorno del 1,7 en el bienio siguiente. Ello nos llevará a una tasa de paro del 14,2 en 2018, con una proyección del 10,7 por ciento en 2020. Unos resultados que de alcanzarse implicarían la efectividad de una etapa de crecimiento económico, excepción hecha de la valoración sobre la calidad del empleo generado y de los salarios del mismo.

El déficit público de la economía española se prevé a finales de 2017 en un 3,2 por ciento del PIB. Teniendo en cuenta las proyecciones del BE y del INE, este déficit irá minorando en el trienio 2018/2020, pasando al 2,5 por ciento en 2018 y al 1,8 por ciento en 2020, todo ello bajo la hipótesis de una política fiscal de carácter neutral para este período.

Preocupante será el mantenimiento del déficit de la seguridad social así como la disminución paulatina de la edad de jubilación real.

El avance del producto a lo largo del periodo de proyección continuará apoyándose tanto en el dinamismo de la demanda nacional privada (2 por ciento en 2018) como en la aportación positiva de la demanda exterior neta (0,4 por ciento). La formación bruta de capital fijo se mantendrá a lo largo del trienio en crecimientos parecidos al estimado para 2017 (5,0 por ciento de crecimiento). El dinamismo de sus dos componentes inversión residencial/hogares e inversión empresarial será parecido.

La recuperación del sector de la construcción y de la industria se mantendrán a lo largo del trienio. El sector turismo, uno de los motores principales del crecimiento de la economía, se mantendrá en 2018 en el entorno de 2017, con una estimación de 90 millones de entradas (73,4 millones en los diez primeros meses de 2017).

Impulso reformista

Las perspectivas de crecimiento con empleo y estabilidad para el próximo trienio son positivas, pero para asegurarlas hace falta una política económica que impulse las reformas que la economía española necesita, y que por cierto, ya las anunciamos hace un año. En la Unión Europea, la práctica reformista es aceptada por una mayoría de ciudadanos, que vislumbra que sin ellas el crecimiento con empleo puede desacelerarse o estancarse. A esto se le llama visión de Estado de los asuntos socioeconómicos. En la praxis, política(s) de Estado. En España, este producto es difícil (muy difícil) de obtener.

En España no hemos aprovechado la recuperación de nuestra economía para avanzar en reformas vitales para el futuro, que supusieran en su impacto societario un nuevo impulso de crecimiento sostenido e inclusivo, lo que a su vez permitiría reducir la tasa de paro.

Básicamente, entendemos la necesidad de afrontar cuatro grupos de reformas, entre otros, cuyo objetivo no es otro que el de impulsar (tanto en variables cuantitativas como cualitativas) el desarrollo económico de la sociedad española: en materia de empresa, los vectores de dimensión, productividad e innovación tecnológica; en mercado de trabajo, los vectores de la calidad del empleo y mejora de los salarios; en materia educativa, los vectores de la investigación y la inversión en I+D+i; y finalmente, en el campo de las desigualdades el papel de la política social (programas sociales y reforma de la seguridad social).

  1. Dimensión, productividad e innovación tecnológica empresarial.

A finales de 2015 en España existían casi 3,2 millones de empresas, el 55 por ciento sin asalariados y el resto empresas micro, pequeñas, medianas y grandes.  Las micro representaban el 90 por ciento del total y las macro (250 o más trabajadores) el 0,25 por ciento. Estos datos se han movido muy poco en los últimos 20 años. La productividad se resiente, tanto la del factor trabajo como la total.

La innovación tecnológica presenta muchos aspectos pendientes, empezando por los variables técnicas. Iniciar reformas en las mismas implica reflexionar sobre el modelo productivo español, ampliarlo al campo de los subsectores industriales (aumentando el peso de la manufactura) y a las actividades de alto valor añadido que rentabilicen la innovación y a su vez la retroalimenten.

Estamos hablando de caminar hacia una nueva política industrial, de un nuevo modelo productivo: impulso a la innovación, impulso al conocimiento, impulso a la reputación, impulso al emprendimiento, impulso a la extroversión, etc..  En otras palabras caminar hacia una nueva especialización productiva que aproveche las potencialidades de los factores productivos. Técnicamente entendemos que hay que cambiar el rumbo de la política económica española a través de una política industrial de corte horizontal, buscando más dimensión, más productividad y más innovación.

  1. Calidad del empleo y mejora de los salarios.

La evolución del empleo en 2017 ha sido positiva. La tasa de paro estimada para este año llegará al 15,8 por ciento de la población activa, aspecto que ya hemos comentado anteriormente. Esta mejora de la ocupación fue generalizada por sectores de actividad y se concentró en el sector privado (el activo del mercado). Con todo ello conviene precisar aspectos preocupantes del mismo (pasivo del mercado) tales como: alta temporalidad, creación de empleo en sectores con una productividad inferior al promedio, alta tasa de sobrecualificación en determinados sectores, bajos salarios, etc..

La tasa de temporalidad está hoy en el 27,3 por ciento (cuatro puntos más alta que en 2013). Además, en general, la nueva ocupación va a actividades relacionadas con el turismo, actividades de soporte administrativo y servicios públicos, que son de baja productividad y con bajos niveles de salarios. Todos estos elementos actúan como freno al aumento de la productividad y reducen el potencial de crecimiento de la economía.

Es necesario cambiar la orientación de las políticas activas de empleo y focalizarlas hacia determinados colectivos, como los desempleados de larga duración, las personas con bajo nivel educativo, los jóvenes que acceden al primer empleo, entre otros. Esta política económica también tiene que alcanzar al colectivo de los inactivos, pues pese a la mejora del mercado laboral, la tasa de inactividad casi duplica la de la Eurozona (9,0 por ciento).

  1. Investigación e inversión en I+D+i.

Los impactos de la investigación (sobre todo la aplicada) y el nivel de gasto en I+D+i son notorios en el crecimiento y desarrollo de cualquier economía. En España este binomio es básico. Pero mientras en la Unión Europea el nivel de gasto en I+D+i sobre el PIB está en el 2,03 por ciento (finales de 2016), en España se sitúa en un 1,19 por ciento. No olvidar el objetivo final (ya comprometido) con la Unión Europea de llegar al 2 por ciento del PIB en 2020. Además, la inversión en I+D+i ha retrocedido en España más de 9 puntos entre 2008 y 2016.

No podemos olvidar que casi dos tercios del crecimiento de la Unión Europea entre 1995/2007 se debe a la investigación, el desarrollo y la innovación. La investigación científica ha sido maltratada en el periodo 2008/2017, con las consecuencias que ello tiene para el crecimiento futuro. La inversión privada en investigación también es insuficiente, siendo el resultado de todo ello una pérdida de competitividad internacional.

Los problemas en España son evidentes: caída de la financiación a niveles de 2007/2008, plantillas envejecidas, investigadores fuera de España, burocratización de la gestión, etc.. Urge, por tanto, reformas en el sistema de I+D+i, si se quiere recuperar competitividad perdida y caminar hacia un nuevo patrón de crecimiento de la Economía Española.

  1. Programas sociales y reforma de la seguridad social.

Las desigualdades se han acrecentado en España desde 2008. Los costes de la crisis y sus impactos no han sido simétricos, incrementándose la población en riesgo de exclusión social. El Gobierno no ha presentado un programa social de choque para paliar esta situación. Es el momento de hacerlo.

Los programas sociales además de reducir la desigualdad de renta y pobreza, son mecanismos de estabilización económica en momentos de crisis. Casi el 28 por ciento de la población de más de 18 años está en riesgo de exclusión social. Cerramos el listado con Italia y Grecia.

La política reformista tiene que plantear programas sociales de choque, por ejemplo en el sistema educativo: guarderías, formación profesional, formación continua, sin olvidar el elevado fracaso escolar existente. El mercado de trabajo, es otro ejemplo, para implementar políticas sociales: parados de larga duración, prestaciones de renta mínima para determinados grupos sociales, etc. Un buen ejemplo de todo ello es el Pilar Europeo de Derechos Sociales de reciente aprobación por la Comisión Europea en noviembre pasado.

Otro aspecto importante es la reforma del sistema de la seguridad social. Es prioritario abordarlo en 2018. Europa y España soportan una alta tasa de envejecimiento y baja fecundidad. La Seguridad Social devuelve al jubilado todas sus cotizaciones durante los doce años siguientes al momento de su jubilación. Pero su esperanza de vida en este momento es de más de 20 años. La reforma es necesaria y urgente.

José Vallés

José Vallés

Catedrático de Política Económica.. Profesor en la Universidad Loyola Andalucía. Presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional (CDP/JA). Investigador senior del Instituto Andaluz de Administración Pública. Ha sido Fundador e Investigador Principal del grupo de investigación "Andalucía en la Europa de las Regiones”. Ex-presidente de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional. Ha sido Consejero Científico del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla hasta su extinción. Sus líneas de investigación son la economía regional, el sector público y la política económica española.

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