Desigualdad y pobreza en Andalucía durante la crisis (II)

Informe sobre desigualdad y pobreza de Andalucía durante la crisis

El pasado día 2 de marzo se presentó, en el Ateneo de Málaga, el I Informe del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía, en el que han participado, entre otros, varios profesores de este departamento de Economía de la Universidad Loyola.

En este primer informe se hace un repaso en un único documento de los principales aspectos que caracterizan a las desigualdades en esta comunidad autónoma. Otra cuestión que debe contemplarse, además de la distribución primaria de la renta, comentada en el post anterior, es la distribución del ingreso disponible de las familias, es decir, de la distribución secundaria de la renta. Esto nos permitir hacernos una idea acerca de la capacidad que tienen las políticas públicas de modificar esa distribución primaria, mejorando así las condiciones materiales de vida de la población.

Partiendo del saldo de las rentas primarias (básicamente, las que provienen del ámbito productivo), debemos tener en cuenta que la intervención del sector público permite realizar una cierta redistribución de las mismas debido a que este sector, por un lado, detrae recursos debido a los pagos de impuestos por parte de las familias (como los impuestos corrientes sobre la renta y sobre el patrimonio, etc.) y las cotizaciones sociales; pero,  por otro lado, contribuye a aumentar los ingresos de éstas, a través de los pagos que realiza vía las distintas transferencias monetarias, (que incluyen las prestaciones sociales, excluidas las trasferencias sociales en especie, y las otras transferencias corrientes netas, tales como becas, multas, premios de loterías o juegos de azar).

A partir de esta redistribución se obtiene el valor de la renta disponible bruta y se puede calcular la desigualdad de su distribución final entre las familias.

Desigualdad interregional

A partir de lo anterior, el efecto de las actuaciones públicas sobre las familias puede afectar a la desigualdad interregional. Interesa contrastar si ésta efectivamente se reduce y si, como cabría esperar, es la familia media de las regiones más pobres la más beneficiada de la redistribución.

Tomando como dato de partida la evolución de la renta en términos per cápita entre 2007 y 2013, podemos ratificar la idea de que, como ya se constató anteriormente, la evolución de la economía andaluza ha sido desfavorable ya que se constata una reducción de la renta per cápita andaluza respecto a la española: si en 2007 representaba el 76,87% de su valor, en 2013, este porcentaje había experimentado una ligera disminución hasta el 73,76%, lo que supone una reducción de poco más del 4%.

Si analizamos la renta disponible por habitante (una vez detraídos los impuestos e incluidas las transferencias), la tendencia experimentada es similar: descenso entre 2007 y 2013, aunque en menor proporción: del 80,4%% al 78,7%, lo que representa una disminución de casi el 2%.

Pero además, los valores relativos de la renta y renta disponible per cápita andaluza frente a la media española nos muestran que la actividad pública tiene relevantes efectos redistributivos en la comunidad andaluza dado que, por un lado, la diferencia entre los valores andaluces y los de la media española son menores en términos de renta disponible que en términos de renta; por otro lado, a pesar de que en ambos casos se produce un empeoramiento relativo de la comunidad andaluza durante el periodo post-crisis, este empeoramiento es menor cuando se considera el saldo de la renta disponible que cuando se considera el dato de la renta (hasta 2013, que es el último año para el que se tienen disponibles ambos datos).

Por otro lado, interesa conocer cuál es el origen de las diferencias comentadas para entender si la corrección que supone la actuación del sector público tiene su origen en un menor pago de impuestos o, por el contrario, en la recepción de mayores ingresos vía transferencias.

Efecto de las prestaciones y subsidios por desempleo

En promedio, en el conjunto de España, las transferencias y otros conceptos suponen algo más del 24% de la renta primaria, mientras que el pago de cotizaciones e impuestos suponen un detrimento promedio de algo más del 33% de la misma, lo que lleva a que la renta disponible represente algo menos del 91% de la renta primaria.

Sin embargo, observamos que, aunque en Andalucía las cotizaciones e impuestos representan una detracción de recursos similar a la que existe en España (aproximadamente un tercio de la renta primaria); los recursos percibidos por los hogares vía transferencias y otros suponen un tanto por ciento superior al registrado en el conjunto de país (prácticamente el 27%), lo que lleva a que la renta disponible represente una proporción mayor de la renta primaria (96%).

Podemos concluir, por tanto, que este “mejor” comportamiento se debe en buena medida al efecto de los estabilizadores automáticos y, en particular, al efecto de las prestaciones y subsidios por desempleo. Al ser las tasas de paro sustancialmente más altas en nuestra región, el efecto redistributivo de dichas prestaciones es mayor que en la media nacional.

En consecuencia, si miramos los valores del índice de Gini para 2010 y 2013 después de impuestos y transferencias, vemos que este indicador disminuye como consecuencia de la acción redistributiva pública, si bien siguen siendo superiores las brechas en Andalucía que en el conjunto del Estado.

Por otra parte, comparando 2013 con 2010 el índice disminuye en Andalucía aunque crece en el ámbito nacional, lo que, en otras palabras, supone una reducción de la desigualdad en nuestra comunidad en ese período. No obstante, no podemos olvidar que tanto en España como en nuestra comunidad nos situamos en el grupo de los valores más altos de toda la Unión Europea lo que implica la existencia de fuertes desigualdades.

Carmen López

Carmen López

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) y Doctora en Ciencias Empresariales por la Universidad de Córdoba. Ha sido Secretaria y, posteriormente, Directora del Departamento de Economía General, Ciencias Jurídicas y Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA), centro adscrito a la Universidad de Córdoba. Procede de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) donde ha impartido clases en asignaturas vinculadas al área de economía. Miembro de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Loyola Andalucía. Editora de la Revista de Fomento Social, publicada por la Universidad Loyola Andalucía. Investigadora en temas relacionados con la Economía financiera (Unión Monetaria, la política monetaria y los mercados financieros) y la Economía regional, especialmente cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, la economía social y la actividad de las comunidades autónomas españolas.

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