¿Es hora de recuperar la ayuda universitaria al desarrollo?

ayuda universitaria al desarrollo

El pasado 13 de abril se hizo público el informe anual del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE sobre las cifras de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los principales donantes a nivel mundial.

En el caso de España, las cifras son aún provisionales, pues los valores definitivos serán publicados hacia el mes de julio. Pero a día de hoy, ya podemos conocer que nuestro esfuerzo presupuestario en materia de ayuda al desarrollo se va a mantener en torno al mismo exiguo 0,13% del PNB que aportamos en 2014, lejos del 0,35% alcanzado justo antes de la crisis, y aún más del 0,7% acordado en 1972 en el marco de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, ratificado por España en diversas cumbres de NN.UU. e incluso en pactos de solidaridad en nuestro propio país.

Las cifras han venido disminuyendo en los últimos siete años, en consonancia con las indicaciones de austeridad presupuestaria de la UE y el FMI (en vacas flacas los pobres de fuera deben esperar).

ayuda al desarrollo en España
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAEC (2015).

Las cifras de la ayuda universitaria española

Como no podía ser de otro modo, los recortes han afectado a la actividad de cooperación al desarrollo llevada a cabo desde las universidades españolas, ya que sus financiadores son, además de las propias entidades de educación superior, públicas en su mayoría, la Administración Central del Estado, los gobiernos autonómicos y las entidades locales.

Ayuda al desarrollo de las universidades españolas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAEC (2015).

La ayuda universitaria al desarrollo, gestionada por las universidades españolas, alcanzó su cifra récord en 2011, con 56 millones de euros. Desde el inicio de la crisis, ha pasado de 24,7 millones en 2008 a 16,3 millones en 2014, un 51,5% menos, disminuyendo cada agente financiador en diversa medida su aportación.

En el caso de la administración central, prácticamente ha hecho desaparecer su aportación a la universidad española en materia de cooperación al desarrollo, a partir del año 2012, mientras que comunidades autónomas, entidades locales y las propias universidades han mantenido su contribución de forma bastante estable durante el período 2011-2014, en niveles similares a los del inicio de esta etapa.

Mientras que el total de ayuda al desarrollo, financiado o gestionado por las universidades, ha descendido un 71% desde 2011, el número de proyectos financiados o ejecutados se ha incrementado un 10%, entre esos mismos años.

El efecto resultante ha sido la atomización aún mayor de la cooperación universitaria al desarrollo, dispersa en una larga lista de países o reinvertida en España en forma de proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización, másteres, seminarios o becas a estudiantes provenientes de países en vías de desarrollo, lo que resta eficacia e impacto a las intervenciones.

La universidad española reivindicó su papel especial como agente de desarrollo ya a inicios de la década pasada, cuando en el seno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas se formuló la ESCUDE (Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo); posteriormente, en 2005, decidieron aprobar el Código de Conducta de las Universidades en materia de cooperación al desarrollo.

La ayuda universitaria al desarrollo es eficaz

La insistencia de las universidades en reivindicar su papel esencial como agente de desarrollo no es baladí. Esta actividad de cooperación universitaria es eficaz, rentable y barata. Incluye actividades de apoyo a otras instituciones de educación superior en países empobrecidos, con objetivos de fortalecimiento interno (docencia e investigación), de transferencia de conocimiento y de proyección institucional externa (tercera misión), sobre la base de los importantes impactos y externalidades que una mejor universidad genera en su entorno en el corto y en el largo plazo (World Bank 2002):

innovaciones tecnológicas, incrementos en la productividad, construcción de democracias y cohesión social, mejoras en la gobernabilidad y confianza en las instituciones, incrementos en la capacidad de participación, apreciación de la diversidad de género, raza, religión o clase social, mejoras en los sistemas de salud, además de su papel de pilar de todo el sistema educativo de los países, a la educación primaria y la secundaria, impactos que se vuelven de especial relevancia en contextos empobrecidos.

Impacto económico y de conocimiento

En concreto, los estudios regionales demuestran que una universidad genera impactos económicos y en el conocimiento (Stokes y Coomes 1998), tales como aumentos en el PIB regional, inversión en equipamiento, incremento del consumo y mayor recaudación de impuestos por la mejora de los salarios, creación de puestos de trabajo, cambios en el mercado laboral, mejoras en la productividad de los trabajadores, creación de patentes y, en general, desarrollo del capital humano.

Para seguir cumpliendo con nuestros compromisos internacionales, sin olvidar el deber ético de la solidaridad, sea cual sea el signo del ciclo económico, a los amantes de los números les podría servir el argumento de que, con unas previsiones de crecimiento cercanas al 3%, pero con la necesidad de seguir reduciendo las cifras de déficit público, las decisiones políticas en cuanto al destino de los flujos de AOD española deberían estar marcadas, entre otros, por criterios de eficacia. Tal vez es momento de recuperar la ayuda universitaria al desarrollo.

Referencias:

Stokes, K. y Coomes, P. (1998). The local economic impact of higher education: An overview of methods and practice. Association for Institutional Research (AIR), Professional Files Online, núm. 67, Spring, 1998.

World Bank (2002). Constructing knowledge societies. Ed. The World Bank Group, Washington.

Mª José Vázquez

Mª José Vázquez

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Diploma de Estudios Avanzados de Doctorado por la Universidad de Córdoba; actualmente doctoranda en evaluación de impacto de la cooperación al desarrollo. Procede de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) donde lleva impartiendo clases en asignaturas vinculadas al área de economía desde 2008. Es investigadora de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, donde desarrolla su labor profesional tanto en España como en países en vías de desarrollo desde 2001, con especialidad en evaluación de la cooperación internacional. Anteriormente trabajó como auditora en Deloitte. Es evaluadora representante del Estado español y la Unión Europea del Comité Virtual de Evaluación de la Organización Internacional del Café.

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