Pedro Caldentey analiza la sostenibilidad del sistema de pensiones en España y apunta a la inmigración como un factor a tener en cuenta.

Serpientes de verano

Dos asuntos se han convertido en las serpientes de verano en el ámbito económico.  La primera era inevitable: las migraciones y los refugiados y el impacto de su llegada a nuestras sociedades en crisis. La segunda es menos evidente y quizás algo forzada: la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Los dos son problemas de compleja solución sin afectar intereses o sin cambiar algunos de los elementos que definen nuestra organización social y económica.

Nadie puede negar los problemas de financiación de las pensiones del futuro observando las tendencias de estos años. Algunas estructurales, como el elemento demográfico que anuncia la mayor proporción de jubilados o la previsión de que las pensiones que vienen son más altas que las que desaparecen. Otras más coyunturales como la necesidad de tirar del Fondo de Reserva para pagar las pensiones de estos años ante la larga crisis del empleo o el efecto en los ingresos del sistema de la devaluación salarial y de los estímulos a la contratación que rebajan o perdonan las contribuciones.

El efecto positivo de medidas que intentan bajar la presión por la vía del gasto como la extensión de la edad de jubilación o la congelación de las pensiones no ha podido contrarrestar el efecto de la crisis y la debilidad de la recuperación.

No hay duda que el sistema debe enfrentarse a su sostenibilidad. Pero siempre se plantea este tema con dramatismo en los peores momentos de la crisis, con escenarios elaborados sobre hipótesis ciertamente negativas.

Y la coincidencia de los dos debates citados me trajo a la memoria aquel informe Inmigración y Economía Española: 1996 – 2006de la Oficina económica de la Presidencia del Gobierno, que dirigía Miguel Sebastian antes de ser Ministro en el segundo gobierno de Zapatero.

Aquel informe ofrecía muchos datos sobre el impacto neto positivo de la llegada masiva de inmigrantes (4 millones). Les achacaba el 50% del crecimiento económico del último quinquenio de la bonanza.  Y calculaba que la aportación neta positiva de los inmigrantes a las cuentas públicas nacionales era de más de 4 mil millones de euros anuales según las cifras de 2005. Especulaba además con una población española de 53 millones de habitantes en el año 2050 y sobre una cifra potencial máxima de 66 millones pensando en la densidad de población de otros países grandes de la UE.

Modelo productivo renovado

Las cifras estaban seguramente contaminadas por el optimismo irresponsable de esos años. No es fácil percibir con claridad el beneficio de la inmigración en estos tiempos de crisis aguda pero alguien debe estar pensando en el futuro. En una sociedad europea que envejece, la inmigración es una solución. El crecimiento paulatino de nuestra población mediante la promoción de la inmigración es un factor positivo y prometedor para determinar los escenarios de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.

Claro que la aportación de la inmigración se convierte también en un factor en el debate sobre la productividad de la economía española y el modelo productivo renovado que está pendiente de ser definido e incentivado, como viene demandando el Departamento de Economía de esta Universidad desde sus foros y producción académica.  No obstante, en una primera fase – que duraría un par de décadas – los inmigrantes tiene una tasa de actividad mayor y una formación no menor a la media de los nacionales aunque si menor que la de los sectores más jóvenes de la población.

Hay argumentos entonces para pensar en una política de promoción ordenada, activa y generosa de la inmigración que quizás nos permita dar una respuesta más decente que la que hemos ofrecido a los refugiados e inmigrantes que tocan a la puerta de la UE este verano.

Autor

Pedro Caldentey

Pedro Caldentey del Pozo es Director del Departamento de Economía y profesor de Economia Aplicada de la Universidad Loyola Andalucía. Es especialista en economía del desarrollo e integración regional comparada.. Es Director del Máster de Investigación en Desarrollo Inclusivo y Sostenible de la Universidad Loyola Andalucía. Es investigador y Vicepresidente del Patronato de la Fundación ETEA. Es patrono de la Fundación Entreculturas y Secretario de la Junta Directiva de Fairtrade Iberia. Ha trabajado en el diseño de políticas de desarrollo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Unión Europa, CEPAL, OCDE, IICA y los organismos del Sistema de la Integración Centroamericana.

Comments

  1. Entiendo que por razones humanitarias, que no comparto, se pueda defender la inmigración pero apelar a la misma para remediar el problema de las pensiones en un país con 5 millones de manos de obra paradas me parece suicida. Con el tiempo esos inmigrantes pasarán a integrarse en la bolsa de pensionistas que precisarán rentas pasivas y a ver cómo salimos de ésa.

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