Gloria Martínez . FOTO. Juan Carlos Vázquez. Diario de Sevilla.

“Las medidas legales contra la corrupción no avanzan al ritmo que demanda la sociedad”

Gloria Martínez Cousinou, es profesora del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad Loyola Andalucía.

Recientemente ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado en el área de Ciencia Política por la tesis titulada El control de la corrupción política en el ámbito de la financiación de los partidos: actores, intereses y estrategias en España y Reino Unido, concedido por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la UNED.

Un trabajo extremadamente oportuno para comprender muchas de las claves de la actualidad. Así lo explica la profesora en esta entrevista para Loyola & News.  

P.- Todos los partidos que han mantenido gobiernos autonómicos o nacionales en lo que va de siglo tienen imputados o condenados en casos de corrupción. ¿Es proporcional la corrupción al tiempo que lleve un partido en el poder? 

R.- A priori, el tiempo que un mismo partido esté en el poder no es una variable que en sí misma cause corrupción, sino que habría que añadir otro factor que sí que está demostrado que afecta a la existencia de corrupción política, y es la falta de mecanismos institucionales efectivos que contribuyan, por un lado, a hacer más transparente el sistema para prevenir actos corruptos y, por otro lado, que contribuyan a castigar de forma eficaz cualquier actividad que implique el uso de lo público para beneficio privado.

Por tanto, la única forma de limitar la presencia de este fenómeno es estableciendo un diseño institucional que dote de la suficiente transparencia al sistema, de forma que se eleve el coste de la corrupción. Es decir, que sean los propios políticos los que consideren que no les compensa involucrarse en actividades corruptas, primero, porque es muy probable que les pillen (de ahí las medidas de transparencia) y, segundo, porque, en tal caso, van a recibir un castigo por ello.

Pero mientras no exista un sistema realmente transparente y comprehensivo que permita prevenir y castigar de forma ágil la corrupción política, está claro que el gobierno continuado de un mismo partido puede contribuir a generar un contexto propicio para el desarrollo de prácticas corruptas institucionalizadas, donde acabe diluyéndose el límite entre el partido y lo público, de manera que sus miembros acaben beneficiándose de las propias decisiones interesadas que ellos mismos toman desde sus puestos de responsabilidad.

P.- ¿Crees que las medidas de transparencia adoptadas por los partidos son suficientes para acabar con la corrupción o se trata de mero “maquillaje” para calmar el descontento ciudadano y su desafección hacia la política?

R.- Antes de responder conviene puntualizar que no es posible reducir la corrupción a cero con mecanismos preventivos y punitivos. Por muy bien diseñados que estén, siempre existe un margen de acción imposible de controlar. Por tanto, a través del diseño institucional es posible limitar la ocurrencia del fenómeno, aunque no erradicar su propia existencia.

Dicho esto, en nuestro país se ha observado en los últimos años un creciente interés por parte de las élites políticas por introducir mecanismos que hagan más transparente el sistema como forma de acabar con la corrupción. Al menos a nivel discursivo ha sido así, ya que tal interés ha ido siempre a remolque de la publicación de importantes escándalos de corrupción en los que los principales partidos estaban implicados.

La experiencia pasada y la presente nos dice que en tales momentos se produce un acuerdo explícito por parte de todas las formaciones sobre la necesidad de incrementar la transparencia del sistema y regenerar la política. ¿Quién podría negarse a afirmar tal cosa en un momento en el que la reputación de los políticos está en entredicho? Pero, claro, la cuestión cambia cuando tales formaciones políticas y sus dirigentes tienen que ponerse manos a la obra para acordar qué medidas de transparencia diseñar.

Es ahí donde los propios intereses de cada partido entran en juego, de manera que en muchos casos, la aprobación de medidas para hacer frente a la corrupción, bien se produce pero con un contenido más diluido del que inicialmente se había propuesto, precisamente para contentar a todas las partes que estaban en el proceso de negociación, bien acaba dilatándose indefinidamente en el tiempo.

Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la tipificación del delito de financiación ilegal en el Código Penal, que no ha sido aprobado hasta el pasado 30 de marzo, debido precisamente a que los propios partidos de forma interesada han dilatado por activa y por pasiva su aprobación hasta ahora.

P.- La reforma del Código Penal introduce por primera vez en democracia el delito de financiación ilegal. Además, el grupo socialista presentó en el Congreso hace unos días una iniciativa dirigida a endurecer los delitos previstos en casos de corrupción y, en particular, aquellos relacionados con la financiación ilegal de partidos políticos. La reforma planteada por el grupo socialista se basa en la evidencia de que la respuesta penal actual está resultando insuficiente. ¿Cómo valoras estas medidas?

R.- En primer lugar, cabe decir que el pasado 30 de marzo se aprobó por fin la tipificación del delito de financiación ilegal en el Código Penal, pero también la Ley Orgánica 3/2015 de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Ambas leyes, al menos, sobre el papel, van a contribuir a mejorar el marco en el que se produce la financiación de los partidos, bien cerrando lagunas legislativas que se habían detectado en las regulaciones anteriores, o bien introduciendo mejoras que ya habían sido propuestas en anteriores reformas pero que no habían conseguido aprobarse hasta ahora.

Tal es el caso, por ejemplo, de la prohibición de las donaciones a los partidos por parte de personas jurídicas, que, aunque resulta una novedad en el texto, se trata de una antigua reivindicación por parte de aquellos partidos  que puntualmente habían recibido menos financiación por esta vía (el PSOE, según el momento del que se tratase, e IU). O las condonaciones de deudas a los partidos por parte de las entidades de crédito, que, de estar sujetas al límite de 100.000 euros anuales, pasan ahora a prohibirse en su totalidad.

Una medida que, sin duda perjudica al partido más endeudado históricamente y al que le han sido condonadas más deudas por parte de los bancos: el PSOE. No es de extrañar, por eso, que este partido haya votado en contra en esta última reforma de la ley de financiación de los partidos, al igual que hizo el PP en la reforma de 2007 liderada por el Gobierno socialista.

Por tanto, el diseño y la aprobación de medidas que limiten el control de la corrupción no están exentos de disputas partidistas interesadas. El resultado de todo ello es que poco a poco se van introduciendo mejoras legales para controlar la corrupción, pero nunca al ritmo que demanda la sociedad ni con el alcance que exigen los hechos consumados.

Autor

Nuria Gordillo

Periodista del Servicio de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad Loyola Andalucía. ngordillo@uloyola.es Twitter: @Nuria_GR

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