La copia privada tras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

El pasado 30 de octubre el Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la Ley que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, casi sin introducir cambios sobre el proyecto que se propuso en febrero. La reforma se ha adoptado contando exclusivamente con los votos favorables del Partido Popular y ante el rechazo de los demás grupos parlamentarios en el Congreso, así como de las principales asociaciones en el ámbito de la gestión de los derechos de propiedad intelectual y de los consumidores de dichos contenidos. La nueva regulación entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2015 no obstante la generalizada oposición y estando destinada, además, a ser una reforma de transición.

El ministro Wert ha asegurado que antes de un año se producirá una modificación integral de la Ley que, según parece, tendrá un alcance más restrictivo y que, creemos, irá dirigida a la persecución de los usuarios de contenidos intelectuales en Internet. Pero no sólo eso, la modificación se enfrenta también con importantes problemas no sólo por lo que respecta a su oportunidad, sino también respecto al encaje legal de algunas de las modificaciones que introduce. Comentaremos algunos de estos problemas en ésta y otras entradas.

Probablemente, una de las principales novedades de la reforma es la introducción de nuevos límites al concepto de copia privada. Hasta ahora, por copia privada se entendía aquella que se realiza de una obra ya divulgada a la que ha accedido legalmente una persona física y que le va a dar un uso personal sin ánimo de lucro. Este tipo de copias –por excepción al derecho de reproducción del autor- no requieren autorización de éste, quien, en contraprestación y de forma irrenunciable, recibirá una compensación equitativa del daño sufrido, que se administrará a través de las entidades de gestión. El nuevo concepto que se introduce exige que se haya accedido a dicha obra desde un soporte que contenga una reproducción de la obra, autorizada por su titularidad, comercializado y adquirido en propiedad por compraventa mercantil. Además de la necesaria crítica al uso de la palabra “soporte” –que no es muy conforme a la cada vez más extendida difusión de materiales intelectuales de forma inmaterial-, el nuevo concepto no incluye tampoco a las obras ya divulgadas. Del mismo modo, se excluyen del concepto de copia privada aquellas reproducciones que se realicen para un uso profesional o empresarial o que se realicen a partir de soportes físicos que no sean propiedad del usuario, esto es, que no procedan de una compraventa mercantil o no hayan sido objeto de comunicación pública. En estos dos supuestos, la copia requerirá de autorización.

En estos términos, el concepto de copia privada es simple. La premisa de la que se ha de partir es que el autor de una obra intelectual tiene el derecho a decidir sobre la reproducción de su obra, autorizando o prohibiendo la difusión de la misma. No obstante, este derecho a decidir el modo de difusión de la obra encuentra un límite por lo que respecta a las copias en cualquier soporte efectuadas por una persona física para su uso privado. La introducción de esta salvedad requiere que se introduzca un mecanismo para que los titulares de los derechos de reproducción reciban una compensación por tales copias privadas. Este derecho tiene carácter irrenunciable, de modo tal que el autor de una obra no puede oponerse a que se recaude un importe por las posibles reproducciones de sus creaciones.

Hasta el año 2011 cualquier compra de un soporte que pudiera contener una obra intelectual (CDs, memorias informáticas, ordenadores…) estaba sujeta al pago de un canon, y ello con independencia de que dichos elementos fueran utilizados para hacer copias privadas de obras protegidas o para contener contenidos privados del comprador. En dicho año, el canon fue suprimido, pero se volvió a introducir al año siguiente alterando su estructura (Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre). De este modo, desde enero de 2012 el pago del canon por copia privada no se hace por el consumidor en el momento de la compra de un soporte, sino que se lleva a cabo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de suerte que todos los ciudadanos –con independencia de si somos o no consumidores de dichos contenidos- hacemos frente a dicho pago.

La legalidad de este cambio –previo a la nueva reforma, pero mantenido tras ésta en el art. 25 LPI – ha sido cuestionada por nuestro Tribunal Supremo, que ha elevado una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie al respecto. Aún en espera del pronunciamiento de las autoridades comunitarias, el pago del canon por copia privada con cargo a los PGEs se mantiene. Pese a haber cambiado la fuente de la que se obtiene (y, en considerable medida, su cuantía), la compensación por copia privada sigue siendo administrada por las entidades de gestión que actúan como mediadores entre la recaudación y los titulares de los derechos. El poder recaudatorio de estas entidades se ha visto muy reducido con el cambio de sistema, lo que alimenta su oposición a la reforma.

Autor

Eugenio Olmedo

Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Loyola Andalucía.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Calendario de Eventos

« Agosto 2017 » loading...
L M X J V S D
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3