La evolución del sistema universitario andaluz es positiva, pero ¿qué falta por hacer?

La Universidad andaluza: veinte años entre dos fotos

En 1996 el Sistema Universitario Andaluz lo componían nueve universidades públicas, de las cuales dos eran centenarias (Sevilla y Granada), tres cumplían su mayoría de edad (Córdoba, Cádiz y Málaga) y cuatro estaban recién creadas (Huelva, Almería, Jaén y la Internacional de Andalucía).

En ellas había un total de más de 250.000 estudiantes, que representaban el 18% de los universitarios españoles, trabajaban unos 12.500 profesores y eran casi 7.000 las personas que integraban el personal de administración y servicios. Todo ello con un presupuesto total que no llegaba a 900 millones de euros (unos 1.386 en euros de hoy).

Veinte años después, el Sistema Universitario Andaluz lo componen once universidades, pues a las anteriores se han sumado la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Loyola Andalucía. Hoy se imparten más de 420 grados, más de 500 másteres y 350 programas de doctorado para un total de unos 235.000 estudiantes. El número de profesores ha crecido hasta más allá de los 17.500, lo mismo que el PAS ha aumentado hasta los 9.500, mientras que el presupuesto total ronda los 2.000 millones.

La mera comparación de los datos da una idea de la evolución del Sistema Universitario Andaluz. Para un número de estudiantes similar al de hace veinte años, el profesorado ha aumentado casi un cuarenta por ciento, el PAS un treinta y cinco por ciento y el presupuesto casi el cuarenta y cuatro por ciento, lo que pone de manifiesto el esfuerzo inversor en el capital humano andaluz.

Y, en medio de estas dos fotos fijas, los impresionantes resultados: casi un millón de personas formadas en las aulas de las universidades andaluzas, más de cincuenta mil investigaciones de primer nivel, patentes, creación de empresas… Las universidades andaluzas, esencialmente públicas, han hecho un buen trabajo en estos veinte años.

Un instrumento para construir Andalucía

La evolución del Sistema Universitario Andaluz como conjunto ha respondido a los objetivos generales que ha presidido la acción de la Junta de Andalucía desde su nacimiento: la articulación de una región identificable, a partir de ocho provincias muy diversas en estructura social y económica, y la fijación de la población al territorio.

A este objetivo de política general han contribuido decisivamente las universidades públicas andaluzas, siguiendo varios criterios esenciales que, con excepciones en breves periodos de tiempo, han gobernado el sistema estos veinte años.

El primer criterio de la política universitaria andaluza ha sido territorial y supuso crear una universidad pública en cada provincia, en un régimen de monopolio, y la distribución de sus campus en ella, lo que ha permitido una gran cercanía de la universidad a la población. Hoy, las once universidades del sistema tienen más de cuarenta campus universitarios con una fuerte interrelación con su entorno.

El segundo criterio, complementario con el anterior, ha sido el de la prestación del servicio público de la Educación Superior en unas condiciones económicas muy accesibles a la ciudadanía, pues, además de controlar el precio de las matrículas en unos niveles muy bajos, al acercar los centros universitarios a los centros de población, se abaratan los costes de traslado en los que tendrían que incurrir los estudiantes universitarios durante su formación.

El tercer criterio ha sido el equilibrio entre los dos subsistemas universitarios andaluces. Y es que el sistema universitario andaluz está compuesto en realidad por dos subsistemas casi simétricos en número de estudiantes y en titulaciones: el de Andalucía Occidental y el de Andalucía Oriental. Cada subsistema está compuesto, a su vez, por una universidad grande (más de 50.000 estudiantes) completa y centenaria (Sevilla y Granada), una o dos universidades maduras de tamaño medio (Córdoba y Cádiz y Málaga) y un par de universidades jóvenes locales (Huelva y Jaén y Almería).

El resultado de esta permanente búsqueda de equilibrio y compensación ha sido dos subsistemas similares, con alguna particularidad accesoria: en Andalucía Occidental hay dos universidades públicas en Sevilla y una universidad privada en dos provincias, lo que introduce algo de competencia, mientras que en Andalucía Oriental la universidad más grande (Granada) no está radicada en el área metropolitana más potente (Málaga).

El cuarto criterio ha sido un férreo control del sistema y de las universidades desde la misma Junta, y no sólo por los mecanismos presupuestarios habitual, sino también mediante el uso de recursos institucionales, a través de nombramientos en los Consejos Sociales o el apoyo a candidaturas rectorales “próximas”, así como con mecanismos de coordinación.

Finalmente, y fruto del diseño del sistema y de determinadas posiciones ideológicas en algunos de los responsables de la política universitaria, el sistema ha generado, pues no existía cuando se diseñó bajo la consejería de Antonio Pascual en los noventa, un especial rechazo a cualquier competencia entre las universidades y a la apertura a la iniciativa privada. Un rechazo sólo roto, temporalmente, a principios de siglo, lo que permitió la creación primero de la Universidad Fernando III, y, como continuación de ella, la de la Universidad Loyola Andalucía, hoy en funcionamiento.

Vista en perspectiva, y desde los objetivos que se perseguían, esta política universitaria ha sido, indudablemente, exitosa: Andalucía cuenta con un Sistema Universitario público (completado ahora por una universidad privada, la Universidad Loyola Andalucía) que está presente en todo el territorio, que ha permitido el acceso a la educación superior y su capacitación a una parte importante de la ciudadanía, que genera conocimiento, que refuerza la marca Andalucía y que, en algunas provincias, llega a ser su mayor empresa.

El efecto de esta política universitaria sobre las universidades es, sin embargo, contradictorio. Si bien tener 10 universidades públicas en el territorio ha sido un objetivo razonable (una universidad cada 730.000 ciudadanos es una baja densidad universitaria frente a los casi 550.000 de la media española), dispersar o repetir los centros en distintos campus supone un hándicap para el desarrollo universitario, por la atomización de los equipos de investigadores y la duplicidad de infraestructuras.

Por otra parte, la territorialización tiene como contrapartida la alta dependencia de la evolución demográfica provincial. Ante estas dificultades, a las que hay que añadir las limitaciones en las contrataciones de profesorado (la famosa tasa de reposición), la congelación de la financiación (con un sistema que está prorrogado desde 2011) y las dificultades estructurales de una universidad pública clásica española (el sistema de gobernanza), los equipos rectorales están haciendo serios intentos de especialización y de identificación, así como significativos esfuerzos por la internacionalización y la adaptación a los nuevos tiempos pedagógicos y tecnológicos.

Todo ello, además, ante la pasividad de la opinión pública y una escasa atención de los políticos, pues, a pesar de su importancia, el interés de la ciudadanía por sus universidades y el debate político sobre la universidad y sus universidades brilla en Andalucía por su ausencia, cuando no es de una escasa relevancia, ya que no sale de la superada dualidad “público-privado”.

Los últimos veinte años han sido, para la universidad andaluza, unos años de expansión y de desarrollo. En estos años se ha consolidado un potente sistema universitario, por el volumen de estudiantes y de personal, por el volumen de egresados y por su producción científica.

Un sistema universitario que ha servido con éxito a los objetivos de la política regional. Un sistema que, sin embargo, se enfrenta a retos que ha generado su propio modelo, así como los que le trae el concepto de clásico de universidad española. Un sistema que inevitablemente cambiará por la aparición y maduración de nuevos actores, como las universidades privadas, el influjo de las nuevas tecnologías y el propio desarrollo económico que posibilitará la movilidad de los estudiantes. Un sistema cuyo éxito en el futuro pasa por más “universidad” y menos “política”.

Artículo publicado en El Mundo.

Escrito por: Gabriel Pérez Alcalá, rector de la Universidad Loyola Andalucía.

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