Financiación de partidos y corrupción en las democracias representativas

Financiación de partidos y corrupción política

El pasado 26 de julio se produjo un hecho insólito en la democracia española. Por vez primera, un presidente del gobierno de la nación en el cargo declaraba ante la Audiencia Nacional como testigo en una de las piezas del caso Gürtel relativa a la supuesta financiación irregular del PP entre los años 1999 y 2005.

Si bien Adolfo Suárez y Felipe González tuvieron también que prestar declaración como testigos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, respectivamente, lo hicieron ya como expresidentes y, en ningún caso, sobre una cuestión tan resbaladiza y difícil de justificar en democracia como es la financiación ilegal del partido del gobierno.

Esta noticia, que ha suscitado un razonable interés mediático tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, invita a la reflexión sobre el vínculo entre financiación de partidos y corrupción política, así como sobre el impacto negativo que la financiación corrupta genera sobre el buen funcionamiento de los sistemas democráticos. Empecemos por clarificar conceptos: ¿qué se entiende por corrupción política?

Corrupción política

Según la ONG Transparencia Internacional, “la corrupción política consiste en el abuso por parte de los líderes políticos de la autoridad que se les ha confiado […] con el objetivo de aumentar su poder o su riqueza”. En este sentido, la corrupción política abarcaría “un amplio espectro de delitos y actos ilícitos cometidos por líderes políticos, antes, durante y después de abandonar su función” (TI, 2004:25).

Esta definición, si bien resulta operativa a la hora de aprehender la compleja realidad de la corrupción a nivel comparado, plantea el inconveniente de que normalmente son criterios de tipo legal los que en última instancia permiten distinguir entre lo que se consideran actos corruptos y no corruptos. Esto plantea un problema, ya que existen determinadas conductas que puede que no estén tipificadas como delito en un sistema determinado – y, por tanto, no consideradas corruptas-, pero sí que pueden atentar contra la legitimidad del régimen y ser rechazadas por la opinión pública.

Ocurre también que no siempre el que un acto sea legal significa en sí mismo que no pueda dar lugar a corrupción. De hecho, cuando las instituciones y las reglas del juego se han establecido para beneficiar a ciertos intereses privados, puede haber corrupción sin que esta deje de ser legal (Kaufmann, 2004:90).

Por tal motivo, para entender el vínculo entre corrupción y financiación de los partidos, conviene partir de una definición más amplia, que tenga en cuenta el impacto que una acción corrupta pueda tener sobre la democracia representativa. A tales efectos, resulta útil partir de la definición propuesta por Della Porta y Vanucci en su obra clásica Corrupt Exchanges: Actors, Resources and Mechanisms of Political Corruption (1999). Para estos autores, la corrupción supone la violación secreta del contrato político (el existente entre representantes y representados) por parte del representante en favor de un tercero, o en beneficio propio exclusivamente, y en detrimento de los intereses de los representados.

Pero, para definir la corrupción en su relación con la democracia representativa, no basta con que los representantes persigan su interés particular a costa del de los representados, sino que hace falta algo más. Este criterio no es otro que la subversión del sentido de la democracia (Warren, 2004; Martínez-Cousinou, 2013). Según esto, un acto será corrupto no solo porque beneficie intereses particulares, sino en tanto en cuanto esto perjudique el proceso democrático en sí en el sentido de que excluya del proceso decisorio a aquel que, bajo la perspectiva de la teoría democrática, ha de situarse en el centro del mismo: el ciudadano.

Esto se produce cuando por la decisión o la acción de un responsable público se otorga ventaja injusta a ciertos intereses privados sin que medie el principio de transparencia ni de publicidad, de manera que al ciudadano se le excluya no solo del derecho a beneficiarse de tales recursos o de tales decisiones en igualdad de condiciones, sino que, además, se le impida tener la información necesaria para actuar en consecuencia, por ejemplo, castigando electoralmente al responsable (lo que se conoce como control retrospectivo o accountability).

Financiación de partidos corrupta

Según lo expuesto, ¿cuándo estaríamos en presencia de financiación de partidos corrupta? A grandes rasgos, la financiación de un partido devendrá en corrupción política en la medida en que genere comportamientos que socaven el proceso democrático en beneficio de dicho partido. Ello ocurrirá cuando, como resultado de un intercambio oculto entre un partido y un tercero (un grupo de votantes, una empresa, un ciudadano concreto, etc.), el partido obtenga un beneficio ajeno al conocimiento y al control de la ciudadanía.

Este intercambio distorsiona el proceso democrático por dos motivos fundamentales. Primero, porque cuando un partido recibe financiación de forma encubierta (vía donaciones ilegales, comisiones, préstamos en condiciones favorables, empresas fantasma, etc.), se produce una distorsión de la competencia política, ya que esto le puede llevar a tener más posibilidades de vencer electoralmente que al resto de partidos que se financien de manera legal y transparente.

Segundo, porque tal intercambio puede llevar a que determinados grupos o ciudadanos concretos adquieran, como contraprestación, bien determinados recursos limitados del Estado (contratos públicos, puestos de trabajo, acceso a información privilegiada…), bien un papel político relevante en la toma de decisiones (fundamentalmente, políticas favorables a sus intereses), que, de otra manera —es decir, sin haber existido tal intercambio oculto—, no adquirirían.

En la medida en que la financiación corrupta genera una distorsión en la toma de decisiones políticas y atenta contra los principios de justicia equitativa y de representación limpia, está claro que su existencia misma tiene un impacto negativo para el buen funcionamiento de los sistemas democráticos.

Por ello, además de fijarnos en el impacto económico de la corrupción –que sin duda lo tiene-, y en si, finalmente, un acto concreto es constitutivo de delito o no en función de la legislación vigente en cada país, conviene también situar la mirada en cómo la corrupción en la financiación de los partidos contribuye a distorsionar el proceso democrático, dejando al ciudadano al margen tanto en su papel de receptor de las políticas, como en el ejercicio del accountability necesario para que exista una democracia de calidad.

Entender tal impacto negativo sobre la democracia y sobre los ciudadanos como representados, quizás contribuya a resituar el debate sobre la necesaria asunción de responsabilidades políticas –y no solo penales- por parte de nuestros representantes públicos.

Referencias

  • Della Porta, D., y Vannucci, A. (1999). Corrupt Exchanges: Actors, Resources and Mechanisms of Political Corruption. Nueva York, USA: Aldine de Gruyter.
  • Kaufmann, D. (2004). Corruption, Governance and Security: Challenges for the rich countries and the world. MPRA Working Paper 8207. Munich: University Library of Munich.
  • Martínez-Cousinou, G. (2013). El control de la corrupción política en el ámbito de la financiación de los partidos: actores, intereses y estrategias en España y Reino Unido. Madrid: UNED. Obtenido de http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:CiencPolSoc-Gmartinez/Documento_1.pdf
  • TI (2004). Informe Global de la Corrupción. Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros.
  • Warren, M. (2004). What Does Corruption Mean in a Democracy?. American Journal of Political Science, 48(2), 327-342.
Gloria Martínez Cousinou

Gloria Martínez Cousinou

Gloria Martínez Cousinou forma parte del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía.

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