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Estado social, estado de bienestar y justicia social: ¿descomponer o recomponer?

Hace pocas semanas, el Gobierno holandés proponía sustituir el Estado social por un modelo de “sociedad participativa” que, en esencia, persigue la reducción del gasto social en los presupuestos públicos y el mayor protagonismo de la sociedad frente al Estado.

En la Europa septentrional y en Centroeuropa ha cundido el mensaje en el contexto de los rigores presupuestarios y de contención del déficit público que amenaza con la descomposición de un modelo asentado en toda Europa desde mediados del pasado siglo. Ciertamente, el Estado Social no ha sido una utopía. Ha tenido unas coordenadas de lugar y tiempo concretas. Su germen fue el contexto de tensión social y política inmediatamente posterior a la primera guerra mundial, donde el Estado social, en su acepción alemana, o el Welfare state, en la inglesa, se concibió como fórmula de domesticación del capitalismo liberal y del socialismo totalizador; una tercera vía que corregía las injusticias y desigualdades garantizando un mínimo existencial de prestaciones sociales básicas a todos los ciudadanos, con independencia de su origen social o condición económica.

Todos nosotros tenemos una “experiencia vital” de realizaciones concretas del Estado Social. Varias generaciones se han podido beneficiar del sistema público de educación básica y de un sistema sanitario de calidad, de servicios asistenciales y prestaciones sociales dirigidas a los más necesitados o desfavorecidos, de un sistema público de pensiones, de servicios públicos accesibles y de una serie de derechos sociales que el legislador ha ido paulatinamente ampliando y protegiendo a partir de los postulados que recogía la Constitución de 1978 en el marco de los “principios rectores de la política social y económica”.

Perder el Estado social sería un claro retroceso histórico. Rompería el triple pacto social que caracteriza el european way of life: el pacto integeneracional, que permite que la retirada de la vida laboral sin pérdida de las prestaciones sociales y con la cobertura de un sistema de pensiones que, pese a su carácter nominalmente contributivo, se financia con las aportaciones de un sistema fiscal de carácter redistributivo y progresivo; el pacto interclasista, que permite en razón de ese sistema fiscal que las clases más pudientes aporten recursos fiscales para cubrir las necesidades de las más menesterosas; y el pacto interterritorial, que hace posible que los territorios más ricos contribuyan al crecimiento de los más pobres en pro de la mayor cohesión territorial.

El modelo del Estado social está en cuestión por causas mucho más profundas y por razones más perdurables que la crisis económica. En primer lugar, han desaparecido las circunstancias históricas que lo vieron nacer y se ha modulado la tensión ideológica entre los modelos económicos enfrentados en la guerra fría. Hace casi 25 años que cayó el muro de Berlín. También es evidente que el elevado coste del Estado social se compadece mal con una Hacienda pública limitada y con el agigantamiento del aparato administrativo, que devora y paraliza la actividad de servicio del Estado. En fin, la globalización económica ha provocado un desfallecimiento del Estado nacional que sostenía el conjunto de prestaciones sociales. Un Estado que ya no controla el modelo de crecimiento económico ni el conjunto de agentes que, desde plataformas sociales y económicas de ámbito mundial o que sobrepasan el Estado, dominan las decisiones en el terreno financiero, productivo o tecnológico, conformando un sistema “para-Estatal” fuertemente estructurado y autorregulado a escala global. Las decisiones de estos nuevos protagonistas pueden tumbar Estados o hacerlos tambalear, como prueban algunas decisiones de las agencias de rating (entidades puramente privadas que operan al margen de las instituciones públicas) o el dominio de las tecnologías de la comunicación por multinacionales con presupuestos muy superiores a los de muchos Estados.

En este contexto, el Estado social está seriamente amenazado, hasta el punto de poder afirmar que o se rehace sobre nuevas bases que lo hagan sostenible o se deshace para siempre. Si no queremos perder la “vivencia experiencial” del Estado que garantiza el mínimo existencial de todos sus ciudadanos, es necesario un esfuerzo de reorientación del modelo en dos grandes líneas.

La primera supone cambiar los medios de acción del Estado sin que ello implique renunciar a sus fines sociales y de solidaridad. Si hasta ahora era el sector público el que asumía directamente la gestión de determinadas prestaciones y servicios sociales, no debemos olvidar que lo que exige la Constitución es que esas actividades sean “garantizadas” por el Estado, no que éste las asuma directamente -al menos en la mayoría de los casos-. Deberíamos transitar así del Estado prestacional al “Estado garante”, como ha señalado el profesor Esteve Pardo, dando entrada a la sociedad civil en la prestación directa de los fines sociales del Estado diseñando al mismo tiempo las garantías ciudadanas frente a esos nuevos agentes y el control de su actividad que, en última instancia, corresponde al Estado. El Estado social del mañana será eminentemente colaborativo o no será.

La segunda línea de recomposición del Estado social pasa por reafirmar y reforzar el principio de igualdad en un sentido material, como principio de redistribución de la riqueza que permite hacer más iguales a los desiguales. Sólo así pueden ser efectivas la dignidad y la libertad de cada ciudadano. Muchas veces, sobre todo en tiempos de abundancia, la tentación de los políticos al populismo ha confundido la igualdad formal con la material, extendiendo los beneficios sociales al conjunto de la sociedad sin distinguir a los más necesitados de quienes no lo eran, cuando sólo aquellos requieren medidas de discriminación positiva. El Estado social debe ser un verdadero “Estado de justicia”, como dijera Adela Cortina.

El mayor problema es definir cuál sea el “mínimo irrenunciable de justicia” en una sociedad de recursos limitados. Creo, no obstante, que si partimos de lo limitado de los recursos de los que disponemos estamos abocados a establecer una línea de prioridades dentro de los derechos sociales, una jerarquía de realización de los objetivos sociales del Estado. Habrá, por tanto, que reconocer que no todos los derechos sociales tienen el mismo peso ni encierran el mismo poder transformador de la injusticia y que, por tanto, hay derechos –como la sanidad o a la educación- que requieren mayores recursos y mayores esfuerzos. Junto a ello, creo que también es urgente jerarquizar, dentro de cada derecho o servicio social, qué concretas prestaciones son más irrenunciables que otras, cuáles contribuyen más a corregir las desigualdades. Si –recurriendo al ejemplo de la educación- es o no tan importante la escolarización universal como la gratuidad de los libros de texto; y si, dado el caso, la gratuidad de determinadas prestaciones debe ser para todos los usuarios, con independencia de sus niveles de renta, o sólo para los más necesitados.

Se trata de un debate cívico y político que cada día se hace más irrenunciable y perentorio.

Autor

Juan Antonio Carrillo Donaire

¡Atrévete a saber, da el primer paso! Este verso de Horacio nos anima a la búsqueda del conocimiento y al logro del equilibrio interno, al establecimiento de una vida a partir de valores y principios éticos. El conocimiento inspirado en valores y orientado a la acción, al servicio a los demás, es el mejor instrumento para la subversión del desorden establecido. Se trata de aprender a ser, pero también de atreverse a hacer. Porque además de atreverse a saber, es imprescindible saber atreverse.

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