La profesora Gloria Martínez Cousinou.

Gloria Martínez: “La corrupción es una seria amenaza para el sistema democrático”

Una entrevista de Nuria Gordillo y Francisco J. Bocero

Gloria Martínez Cousinou es doctora en Ciencias Políticas y profesora del departamento de Estudios Internacionales en Loyola Andalucía. La semana pasada compareció en el Congreso de los Diputados para intervenir en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, como experta en la financiación de partidos políticos.

La Comisión, creada el año pasado, es el instrumento del Parlamento para hacer frente a la corrupción, convertida en la segunda preocupación de los españoles tras el paro, según el último barómetro del CIS, y protagonista de la agenda política e informativa del país. De hecho, parte de la desafección política y del pesimismo social ante el futuro se imbrican en la corrupción como algunas de sus consecuencias inevitables e inquietantes.

La idea de que la calidad democrática española es bastante más baja que la de los países de nuestro entorno forma parte de la percepción social aun cuando haya también que reivindicar el papel y trabajo de muchas personas dedicadas a la vida pública y a la política de comportamiento intachable.

Sin embargo, desde que a finales de los años ochenta comenzasen a asomar los primeros casos graves de corrupción, como los de Juan Guerra, Ibercorp o Roldán, hasta la trama Gürtel y el caso de los Pujol y los distintos sumarios abiertos sobre la antigua CiU, el mal ha afectado a prácticamente todos los partidos políticos con responsabilidades de gobierno en cualquiera de los ámbitos territoriales –gobierno central, autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, etc.- e incluso a organizaciones afectas y financiadas en su mayor parte por dinero público, empezando por los sindicatos.

De esto, de la financiación de los partidos políticos, y de algunas cosas más, hablamos con la profesora Martínez Cousinou.

Pregunta (P): A primera vista: ¿Es tan baja la calidad democrática española? ¿Y en comparación con nuestros vecinos europeos?

Si nos basamos, por ejemplo, en los indicadores de gobernanza del Banco Mundial (Worldwide Governance Indicators), desde luego, nuestra democracia es mejorable, especialmente si nos comparamos con los países escandinavos. El hecho de que exista una elevada percepción de corrupción entre los españoles contribuye a alejar al ciudadano de la política, haciéndole creer que todo el sistema es deshonesto, lo que, en última instancia, genera y perpetúa el sentimiento de desconfianza y de desinterés hacia la política, hacia los políticos y hacia sus instituciones.

“La corrupción perpetúa el sentimiento de desconfianza y de desinterés hacia la política, hacia los políticos y hacia sus instituciones”

Confianza e interés, por un lado, pero también responsabilidad, transparencia y control en el ejercicio de la actividad política son todos ellos conceptos intrínsecamente relacionados con la calidad y la salud de la democracia, y es en detrimento de ellos sobre los que la corrupción política actúa, suponiendo una seria amenaza para el sistema en su conjunto. En este sentido, uno de los ámbitos donde existe un mayor riesgo de corrupción en las democracias occidentales es el de la financiación de los partidos, de ahí que sea un área constantemente sujeta a debates sobre cómo incrementar el control y la transparencia para reducir la incidencia de dicho fenómeno.

“Uno de los ámbitos donde existe un mayor riesgo de corrupción en las democracias occidentales es el de la financiación de los partidos”

(P): Por tanto, la financiación de los partidos políticos ¿sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia?

En mi opinión, la asignatura pendiente no es tanto qué modelo de financiación tenemos en España (que, como saben, es muy dependiente del erario público, aunque con espacio también para la financiación privada), sino más bien la falta de límites, de control y de verdadera transparencia en aspectos concretos de dicha financiación, especialmente en lo relativo a la financiación pública que reciben los partidos para sus gastos ordinarios anuales por parte de las distintas corporaciones locales.

Cada año, los partidos políticos reciben financiación pública procedente de varias fuentes para sufragar sus gastos ordinarios, es decir, aquellos generados en su funcionamiento diario. Tal financiación ordinaria procede, no solo de las partidas que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado, sino también de lo que aportan directamente las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales para la financiación ordinaria de los partidos representados en ellas.

“Es en la financiación que perciben los partidos a través de las corporaciones locales donde reside una de las mayores lagunas en lo referente a la falta de límites y de control”

A esto se le añaden las aportaciones que tales partidos pueden recibir de los grupos parlamentarios representados en las Cortes Generales, en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos, y también las aportaciones que puedan percibir de los grupos políticos representados en los órganos de las administraciones locales.

Pues es precisamente en la financiación que perciben los partidos a través de los grupos políticos representados en las corporaciones locales donde reside una de las mayores lagunas en lo referente a la falta de límites y de control. De hecho, no existe en la praxis limitación cuantitativa alguna a las subvenciones que las corporaciones locales pueden destinar, y de hecho destinan, a sus grupos políticos.

“Solo en 2013, la cuantía de las subvenciones públicas otorgadas por parte de las corporaciones locales a los grupos políticos representados en ellas ascendió a a 53,7 millones de euros”

Tampoco existen límites sobre en qué pueden gastar tal dinero y en qué no. Y esto es grave puesto que las cantidades en juego no son insignificantes, sino todo lo contrario. Por aportar un dato: solo en 2013, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas hasta el momento, la cuantía de las subvenciones públicas otorgadas por parte de las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones, juntas generales del País Vasco, consejos provinciales y consejos y cabildos insulares) a los grupos políticos representados en ellas ascendía a 53,7 millones de euros. Y ello sin contar con la financiación otorgada por parte de los ayuntamientos de municipios menores de 20.000 habitantes, sobre los que ni siquiera el Tribunal de Cuentas dispone de datos.

Gloria Martinez durante su intervencion en el Congreso de los Diputados
Gloria Martinez, durante su intervención en el Congreso de los Diputados.

(P): En el informe que presentaste en el Congreso de los Diputados hablabas precisamente de esta falta de control y transparencia en la financiación de los partidos políticos por parte de las corporaciones locales ¿A qué casos te refieres? 

Efectivamente, mi comparecencia ante la Comisión se centró fundamentalmente en demostrar la falta de control y transparencia que existe en la financiación pública en el ámbito local, ya que a veces damos por hecho que la financiación pública es una financiación transparente y sujeta a un control exhaustivo y holístico, cuando en realidad no es del todo así.

Para ello, aporté una base de datos sobre financiación en el ámbito local en el periodo comprendido entre 2006 y 2013, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, en cuya elaboración han participado dos alumnas colaboradoras del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía, Ana Roldán y Adela Toscano, además de la profesora de dicho departamento, Mª Luz Ortega.

“El Ayuntamiento de Barcelona es, con gran diferencia, el que más ha subvencionado a sus grupos políticos, con 2,3 millones de euros de media al año entre 2006 y 2013″

Ala luz de los datos disponibles, lo primero que llama la atención es la enorme heterogeneidad que existe entre entidades locales. Así, el Ayuntamiento de Barcelona es, con gran diferencia, el ayuntamiento que más ha subvencionado a sus grupos políticos, con 2,3 millones de euros de media al año en el periodo considerado. Le sigue a gran distancia el Ayuntamiento de Madrid, con un valor medio de 580.043 euros al año entre 2006 y 2013.

Y he aquí lo llamativo: a un nivel próximo a lo que invierte el Ayuntamiento de Madrid en sus grupos políticos con fondos públicos municipales se sitúan otros ayuntamientos con mucha menor población. Tal es el caso del Ayuntamiento de Vitoria, el de Gijón y el de Cádiz, que aportaron más de medio millón de euros al año a sus formaciones políticas.

Pero es que hay más. Si nos adentramos en el terreno de las diputaciones, cabildos, consejos insulares y juntas generales, el asunto es más llamativo si cabe. Las juntas generales de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, son, en su conjunto, las corporaciones que más financiación de media han otorgado a sus grupos políticos. En concreto, la Junta General de Álava es la más generosa de todas las entidades locales consideradas en la base de datos, con una media de 2,3 millones de euros.

“La Diputación de Cádiz es la diputación española que más dinero ha aportado de media a sus formaciones”

Pero es que, si analizamos las diputaciones según Comunidad Autónoma, sin duda las más espléndida es Andalucía, y dentro de esta, la Diputación de Cádiz, que, de media ha otorgado a sus grupos políticos 1,7 millones de euros al año entre 2006 y 2013. Esto la convierte en la diputación española que más dinero ha aportado de media a sus formaciones. Y como digo, todo ello sin límite ni control sobre cuánto se otorga ni en qué se invierte tal dinero, lo que ha llevado a que, incluso en plena crisis económica, la financiación aportada en 2010 por tales corporaciones locales en su conjunto (diputaciones, cabildos y juntas generales) se haya incrementado en 10 puntos porcentuales con respecto a 2009, superando en aquel año los 20 millones de euros.

(P): Esto nos lleva a las dudas que existen sobre el hecho de que sean los propios partidos los que acaben legislando sobre su propia financiación y los resultados al efecto…

Efectivamente, el ámbito de la financiación de los partidos es un ejemplo de “regulador-regulado”. Es decir, son los propios partidos, a través de sus grupos parlamentarios, los que establecen las reglas del juego en cuanto a cómo ha de ser la financiación, qué fuentes se prohíben y cuáles no, qué se castiga y qué no, o qué se somete a límites y controles, y qué se deja en manos de la más absoluta opacidad y discrecionalidad.

Por supuesto, los intereses en juego son numerosos. Cierto es que las reformas acometidas en los últimos años –especialmente, las reformas de la ley de financiación de 2007 aprobadas en 2012 y 2015- han contribuido a mejorar el control y la transparencia en determinados aspectos del sistema. No obstante, queda camino por recorrer y no solo a nivel de regulación, sino también de praxis política.

“Es necesario inculcar la necesidad de limitar el gasto y crear una cultura de la transparencia en la financiación de los partidos”

Es necesario inculcar la necesidad de limitar el gasto tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo; es decir, qué es aceptable y qué no como gasto subvencionable con dinero público. Pero, sobre todo, es conveniente crear una cultura de la transparencia en la financiación de los partidos. Es inaceptable que la ciudadanía no tenga posibilidades de saber cuánto dinero público en total -de todas y cada una de las fuentes permitidas legalmente- recibe cada uno de los partidos al año.

Realmente esa información no la conoce ni siquiera el Tribunal de Cuentas puesto que los municipios menores de 20.000 habitantes no aportan los datos. A esto se le une el retraso con el que se fiscaliza la financiación de los partidos por parte del Tribunal de Cuentas, que hace que aún no sepamos nada de la financiación que han recibido los partidos desde 2014 hasta ahora. La reforma de 2015 exige por primera vez que los partidos presenten las cuentas consolidadas también a nivel local, antes solo se exigía a nivel nacional, autonómico y provincial. Ya veremos en el futuro en qué se materializa esto.

Autor

Loyola And News

Servicio de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad Loyola Andalucía

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