Carmen López, profesora del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, analiza el dato de deuda pública española.

Al hilo de la deuda pública

Cuando una persona necesita gastar más de lo que tiene, necesita acudir a alguien que le preste el dinero que necesita. Esta afirmación tan simple y que todos hemos puesto en práctica en alguna ocasión viene hoy a cuento de la publicación el pasado 11 de septiembre de los datos relativos a la deuda pública española.

En efecto, el Banco de España hacía público ese día que la deuda de las Administraciones Públicas españolas creció en 6.660 millones de euros en el segundo trimestre de 2015, hasta situarse en 1,053 billones de euros, aunque ello supuso una caída hasta el 97,7% del PIB.

En relación con estos datos, debemos tener presente que, en principio, por elevada que pueda parecernos esta cantidad, nos encontramos con un comportamiento positivo, pues aunque la deuda haya crecido en términos nominales, en términos del PIB está claramente por debajo del valor que se había marcado como objetivo para este año 2015, el 98,7 %.

Deuda pública y déficit público

Entrando un poco más en el detalle de estas cifras, debemos tener en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, no hay que confundir deuda pública con déficit público. El saldo de deuda (que superaba el billón de euros) es lo que a finales del mes de junio debía devolver el sector público español, como consecuencia de la financiación recibida durante este año y los anteriores (en otras palabras, el total pendiente de devolución).

Evidentemente, toda la deuda no hay que devolverla de una sola vez y aumentará o disminuirá según los nuevos “préstamos” que se vayan recibiendo y las cantidades que se vayan reintegrando a quienes prestaron en su momento. Las sucesivas devoluciones que deben realizarse son conocidas, pero la nueva financiación que se reciba dependerá, en parte, de las necesidades que se vayan produciendo (según la idea con la que iniciábamos este comentario), lo cual enlaza con el déficit público.

En la medida en la que el déficit (o lo que es lo mismo, la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos, cuando éstos son mayores que aquéllos) disminuya, el volumen de deuda podrá también hacerlo, siempre y cuando los nuevos préstamos sean inferiores a las devoluciones realizadas.

Esto hace que, en última instancia, la evolución de la deuda esté condicionada en parte por la evolución de los ingresos públicos (principalmente, impuestos, que están muy ligados a la actividad económica) y de los gastos públicos (que en parte dependen de la política de “recortes”, pero que también dependen de la situación económica y en parte tienen un fuerte componente predeterminado por lo que el margen de maniobra para modificarlos no es muy elevado, como sucede con el gasto en intereses de la deuda, en sueldos o en pensiones, por citar algunos casos).

Evolución de la deuda

Al estudiar la evolución en los últimos años del dato de deuda y el origen de su crecimiento, se pone de manifiesto que desde 2011, en que el pasivo de las administraciones públicas cerró en el 69,7% del PIB, al cierre de esta legislatura (cuando está previsto que alcance el 98,7% del PIB), el incremento producido (unos 300.000 millones de euros en términos absolutos y 30 puntos del PIB) ha tenido dos principales responsables: el déficit público (al que aludíamos antes) y el rescate a las autonomías, es decir, es deuda emitida por el estado para financiar a las comunidades autónomas (CCAA).

Esta última información enlaza, además, con una segunda cuestión a tener en cuenta: el dato total mostrado al principio corresponde a la deuda del conjunto de las administraciones públicas, es decir, es la suma de la deuda del Estado, de las CCAA, de las corporaciones locales (diputaciones, ayuntamientos, etc.) y de la Seguridad Social. Por lo tanto, la responsabilidad de la gestión tanto del déficit como de la deuda no es exclusivamente del gobierno español, sino que debe ser compartida con otros niveles de la administración.

El reparto de la cantidad que indicábamos es el siguiente: la administración central acabó el segundo trimestre con una deuda de 917.812 millones de euros, lo que supone un 85,2% del PIB; las comunidades autónomas (CCAA) acumulaban una deuda de 250.237 millones de euros, equivalente a una ratio del 23,2%; el endeudamiento de las corporaciones locales cayó a 37.928 millones (3,5% del PIB); finalmente, la deuda de la Seguridad Social se mantuvo más o menos estable en 17.196 millones (1,6%).

De lo anterior, por tanto, se deduce que si bien la mayor parte de la deuda corresponde al Estado, una parte no desdeñable es responsabilidad de las administraciones regionales y locales que se han visto beneficiadas de los mecanismos puestos en marcha por el gobierno central para proporcionarles fondos que en otros casos no hubieran podido obtener.

¿Quiénes son los más beneficiados por esa ayuda estatal? ¿Cuáles son las autonomías más endeudadas y por qué han llegado a esa situación? ¿Deberían reducirse aún más el déficit y la deuda? Todas estas cuestiones y otras vinculadas con este tema exceden de las limitaciones de espacio de este post, pero sin duda merecen seguir dedicándoles más espacio en el futuro….

Autor

Carmen López

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) y Doctora en Ciencias Empresariales por la Universidad de Córdoba. Ha sido Secretaria y, posteriormente, Directora del Departamento de Economía General, Ciencias Jurídicas y Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA), centro adscrito a la Universidad de Córdoba. Procede de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) donde ha impartido clases en asignaturas vinculadas al área de economía. Miembro de la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Loyola Andalucía. Editora de la Revista de Fomento Social, publicada por la Universidad Loyola Andalucía. Investigadora en temas relacionados con la Economía financiera (Unión Monetaria, la política monetaria y los mercados financieros) y la Economía regional, especialmente cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, la economía social y la actividad de las comunidades autónomas españolas.

Comments

  1. Como bien se indica al principio de la publicación, necesitamos invertir para mejorar la situación actual en la que nos encontramos; ahora bien, el planteamiento que deberiamos realizar es dónde invertir.
    En mi opinión las ayudas que se están prestando en ciertos casos a las administraciones regionales y locales no son la mejor manera de invertir ese dinero que se nos ha prestado.
    Más aún cuando la mejoría de la deuda está condicionada por la evolución de los ingresos públicos, entre los cuales se destacan los impuestos.
    Entonces, ¿porqué seguimos inyectando dinero a esas admninistraciones en vez buscar alternativas que hagan más eficientes dichas administraciones?
    Empecemos de una vez hacer las cosas bien en vez de ir tapando agujeros del pasado con dinero que pedimos prestado y que más tarde, aunque no sea un futuro muy cercano, deberemos devolver.

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