Elecciones en Grecia. FOTO: Agencia EFE.

Corrupción y patologías democráticas

El persistente problema político de la corrupción produce una crisis de la representación política. En los ciudadanos genera un doble distanciamiento y una habitual desafección de la vida política. Hacia sus representantes por un lado, y también una falta de participación activa y directa en la política, por otro.

En el primer caso, se produce lo que Boaventura de Sousa Santos ha llamado la patología de la representación. El modelo liberal de representación política se desarrolla de un modo elitista, que consiste en que los representantes, una vez elegidos, son los titulares del poder político.

La democracia liberal se estructura así desde la autonomía de los representantes con respecto a los representados. Por ello, el control social de la actividad pública y la rendición de cuentas no se articula de modo ordinario en relación con la propia ciudadanía. Esta “ventaja” del sistema político liberal, genera también su propio límite o patología.

Control político

Lo que existe es, por un lado, el control de legalidad de la actividad pública con las enormes dificultades y carencias que conocemos y, por otro, el control político por medio de las elecciones.

En cuanto al control legal, el anterior fiscal general del Estado (quien parece se vio forzado a dimitir en diciembre pasado), Eduardo Torres-Dulce, denunciaba en su informe a la Comisión Constitucional del Congreso en 2014 la falta de medios materiales y personales para realizar ese control de legalidad en los frecuentes casos judiciales de prácticas ilegales imputables a miembros del poder ejecutivo en distintas administraciones.

Pero su análisis que asumía la suma de la experiencia del ministerio fiscal, no refleja, a mi juicio, un análisis de sólo de coyuntura, sino a su vez, una dinámica institucional persistente por parte del poder ejecutivo.

El poder político al no dotar de medios humanos y materiales y de procedimientos legales eficaces a la administración de justiciapretende minimizar o impedir de facto ese control legal de su actividad. No basta con ello, con que se prometan nuevas normas o de que se hagan algunas reformas. Se trata de una cuestión que tiene un alcance estructural.

Por ello, el fiscal general denunciaba una “legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”, “actuación exasperantemente lenta”, “absoluciones difíciles de entender y sin recuperación de dinero”, “prescripciones incomprensibles”, “indultos a corruptos” y “agujeros negros en la ejecución de sentencias”, y que llevan a la sensación generalizada de que “la Justicia favorece al poder”.

Este escenario no ayuda a promocionar la participación política de la ciudadanía con un carácter permanente, antes bien, profundiza lo que Sousa Santos llama la patología de la participación. Este descrédito y deslegitimación, se traduce en una cierta desmovilización y en un desinterés en las elecciones políticas, que es el modo ordinario de control político que el marco político liberal permite a los ciudadanos.

Por otro lado, participar para qué, para decidir qué. Esta disfunción de la participación refleja el cansancio y el hastío ante un cierto déficit de la democracia. La democracia no es políticamente soberana, sino que la soberanía o supremacía que define el “ámbito de lo posible” se encuentra en los mercados.

Si somos administrados en última instancia políticamente por los intereses y la lógica del mercado, ¿para qué participar en términos políticos? Así, la racionalidad económica, y en particular el sector financiero de la economía capitalista, adquiere supremacía sobre el ejercicio de la racionalidad política colectiva.

En este contexto profundizar en la democracia, en el control ciudadano, en la rendición de cuentas, en los mecanismos de participación y decisión social en el espacio público, parece no sólo un remedio para evitar “populismos” y tiranías, sino también para enfrentar las patologías habituales del sistema democrático.

Post publicado en Entreparentesis.org

Autor

Juan Antonio Senent de Frutos

Profesor Titular de Filosofía jurídica y política. Director del Departamento de Humanidades y Filosofía. Coordinador de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría.

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