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El Compliance Penal es un instrumento que permite librar de responsabilidad penal a la persona jurídica.

Compliance penal: presente y futuro

Investigaciones judiciales como el caso Neymar-FC Barcelona, caso Volkswagen, asunto de salida a bolsa Bankia, caso clínicas iDental, los procesos por fraudes en productos alimentarios, las macrooperaciones sobre corrupción deportiva o amaño de partidos, entre otros, evidencian la extraordinaria importancia de un nuevo ámbito jurídico y criminológico, que ha surgido con fuerza por influencia del derecho corporativo anglosajón: la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Se trata de los asuntos que centran la atención mediática, pero a diario se suceden las condenas a empresas por comportamientos delictivos protagonizados por alguno de sus empleados o directivos.

Las últimas reformas del Código Penal -como la recientemente operada por LO 1/2019- y la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave para el período 2019-2023, consolidan la clara tendencia de perseguir el fenómeno del crimen organizado y el delito corporativo a través de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Por tanto, la propia empresa, fundación o asociación puede verse inmersa en una investigación judicial, tener la condición de investigada en el proceso penal y resultar condenada cuando un miembro de la organización comete alguno de los siguientes delitos:

  • Tráfico ilegal de órganos o su trasplante.
  • Trata de seres humanos.
  • Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores.
  • Delitos contra la intimidad y allanamiento informático.
  • Estafas y fraudes.
  • Frustración de la ejecución.
  • Insolvencias punibles.
  • Daños informáticos.
  • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores.
  • Corrupción entre particulares y corrupción deportiva.
  • Receptación y blanqueo de capitales.
  • Financiación ilegal de partidos políticos.
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
  • Fraude de subvenciones.
  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
  • Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
  • Delitos contra el medio ambiente.
  • Delitos relativos a la energía nuclear.
  • Delitos de riesgo causado por sustancias explosivas.
  • Delitos contra la salud pública en la modalidad de práctica ilícita con medicamentos, productos sanitarios y adulteración de alimentos o de aguas potables.
  • Delitos de tráfico de drogas.
  • Delitos de falsificación de moneda.
  • Delitos de falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje.
  • Cohecho.
  • Tráfico de influencias.
  • Malversación de caudales públicos.
  • Incitación al odio y a la violencia.
  • Organización criminal.
  • Financiación y delitos de terrorismo.
  • Contrabando.

En este contexto, donde la persona jurídica puede resultar penalmente condenada (con todo el daño reputacional y perjuicio económico que supone ser destinataria de penas como: multa que puede superar los nueve millones de euros, clausura de locales, suspensión de actividades, intervención judicial o, incluso, su propia disolución), resulta obligado destacar el papel del programa de prevención de delitos o Compliance Penal como instrumento que permite librar de responsabilidad penal a la persona jurídica. De hecho, el propio Tribunal Supremo ha señalado la extraordinaria importancia de implantar en sociedades mercantiles programas de prevención de delitos.

Compliance Penal en los planes de estudio

La Universidad Loyola Andalucía ha sido pionera, pues ha introducido esta materia específica en sus planes de estudio de grado. En ella, formamos a Criminólogos y Juristas en aspectos tan relevantes como:

  • Teorías y metodología para el análisis de riesgos y predicción analítica del delito corporativo.
  • El régimen de la responsabilidad criminal corporativa.
  • Fenomenología delictiva asociada a entornos organizados como empresas, asociaciones y fundaciones.
  • Procedimientos y mecanismos de desarrollo de las investigaciones internas corporativas.
  • La prueba pericial criminológica de Compliance.
  • Los más actuales estándares sobre sistemas de gestión compliance.
  • Cómo elaborar un Código Ético o de conducta y un Canal de Denuncias interno en la organización.
  • Las exigencias orgánicas y funciones que pueden desarrollar como compliance officers o responsables de cumplimiento en la empresa.
  • La monitorización de riesgos y el aseguramiento de evidencias.
  • El conjunto de requisitos exigidos para la elaboración e implementación en la organización de un programa de prevención de delitos que resulte eficaz.

Autor

Rafael Aguilera Gordillo

Rafael Aguilera Gordillo, profesor de Compliance Penal y Seguridad Internacional en la Universidad Loyola Andalucía. Doctor en Derecho, compliance officer certificado (CESCOM e IFCA) y abogado experto en Penal corporativo y Compliance. Es asesor de firmas especializadas, coordinador del Departamento de Compliance & Penal de Cerero Abogados y miembro académico de Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

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