Colaboración público-privada y retos del asesoramiento jurídico

Mucho se habla sobre la “colaboración público-privada” como fórmula de revitalización de la contratación.  Con dicha expresión se pretende enfatizar la necesaria intervención de la financiación privada en ejecución de proyectos empresariales, infraestructuras y obras públicas,  que tradicionalmente han sido costeadas únicamente desde los presupuestos públicos.

Los análisis más recientes  sobre esta figura efectivamente destacan su consecuencia principal: la aportación de financiación por el sector privado. Sin embargo, a mi juicio, existen otros aspectos igualmente fundamentales de los que hasta ahora pocos análisis se han hecho.

En primer lugar, el éxito de la colaboración público-privada requiere un cambio de escenario en las relaciones Administración- sector privado, el reconocimiento de una nueva realidad empresarial. En éste sentido, debemos reconocer que la colaboración entre sector público y privado debe ser entendido en la actual coyuntura económica como una necesidad, y no como una facultad o alternativa de la Administración Pública.

Modelo ético

Así, utilizando dicho modelo asociativo pueden equilibrarse los intereses de la Administración por garantizar un determinado nivel de prestación de servicios con la restricción presupuestaria, y  a su vez incentivar los intereses del sector privado por mantener competitividad.

En segundo lugar, dicha colaboración debe estar basada en un determinado modelo ético de relación de confianza empresarial Administración- administrado. En éste contexto, debe potenciarse un “diálogo competitivo” permanente y realista entre Administración y administrado que supere las clásicas reticencias entre ambos y afronte una leal definición de los objetivos de la contratación pública.

Dicha unión debe favorecer el desarrollo unívoco de “objetivos vitales” para el ciudadano, como los servicios públicos necesarios o la movilidad eficaz en medios de transporte.  Debemos asumir un cambio conceptual en la labor de planificación y a su vez potenciar una revitalización de la figura del empresario como dinamizador del sector público.

Planificación unilateral

En tercer lugar, la labor de planificación unilateral,  clásica de la Administración Pública, es un modelo cercano al agotamiento. En época de restricción presupuestaria deben potenciarse por el contrario instrumentos de planificación compartidos, con presencia del sector privado desde su génesis, y con visión financiera (no sólo presupuestaria) en sus decisiones.

A mayor abundamiento, es fundamental trabajar con modelos de gestión privados en la planificación de los objetivos  que se acometan desde lo público: por ejemplo adoptar plazos ciertos en la ejecución de las decisiones políticas. Como resultado, los proyectos realizados al amparo de este modelo se beneficiarían de las ventajas de la gestión privada, mediante la instauración de un mecanismo de “autocontrol” de la inversión,  por aplicación del principio de eficacia y  de la responsabilidad social corporativa.

De esta forma, también se  favorecería la presencia de perfiles profesionales acorde con los momentos de exigencia que vivimos. El sector público como prestador de servicios transita en éste momento por un camino que requiere adaptación al ciclo económico. Esta adaptación se concreta en una serie de constataciones: La importancia sustancial de la gestión bajo parámetros de resultado, y la necesidad novedosa para la Administración de tener que hacerse “atractiva” para obtener financiación externa.

Ello nos enlaza en cuarto lugar con otra cuestión, cual es el papel que debe jugar el asesoramiento jurídico como referente vital en momentos de cambio y de crisis económica: el papel  de “función social” que tenemos los juristas por adaptarnos a las nuevas exigencias del mercado. Ello supone la constatación de que las titulaciones técnicas por excelencia como la Arquitectura e Ingeniería ya no pueden pervivir aisladas de la jurídica, sin encontrarse. Las profesiones liberales han perdido su matiz individualista: el mercado necesita del profesional del derecho como una pieza más de su proceso de decisión.

Ésta nueva mentalidad es fundamental para interpretar el modelo de formación de las nuevas generaciones de profesionales liberales.  Se impone así la formación integral en control de costes, la planificación de riesgos, la centralización de la información y la traslación económica de las decisiones técnicas. Sin duda, ello conlleva la superación de la consideración de la labor de asesoramiento jurídico como un mero contrato de disposición de medios, situándolo como un contrato de resultado bajo nuevos parámetros de metodología. El asesoramiento jurídico necesario para un mundo globalizado se reivindica así como materia troncal de todas las profesiones técnicas.

Autor

Francisco J. Fernandez

Doctor en Derecho y abogado en ejercicio, Francisco J. Fernández es profesor de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía y de la Universidad de Sevilla. Imparte también clases en diversas escuelas de negocio sobre contratación y estrategia empresarial, además de tener dilatada experiencia en puestos directivos en empresas y en la Administración Pública.

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